En el marco del 46 aniversario de la masacre, la comunidad universitaria realizó una marcha, que recorrió las principales calles de San Salvador, en la que los manifestantes portaron pancartas con fotos de los mártires, así como carteles con mensajes en contra del Ejecutivo de Bukele.
Los participantes rechazaron la incorporación de más militares a las labores de seguridad, como parte de un plan gubernamental para quitar control a los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.
El universitario José Luis Argueta dijo a periodistas que “conmemorar el 30 de julio significa no olvidar la historia y como estudiantes de la Universidad de El Salvador no podemos olvidar un hecho que marcó la historia de este país”.
Señaló que “los tiempos de militarización que se vieron en la época de la guerra vuelven en la actualidad con medidas de represión promovidas por Bukele ante su incapacidad de promover acciones integrales que garanticen el respeto de los derechos humanos”.
“Hoy decimos nunca más porque es necesario que no se vuelva al pasado con políticas que incluya a militares y que dejen de lado la justicia (...) los compañeros masacrados no han recibido justicia, este caso sigue en la impunidad y por eso debemos seguir alzando la vos”, añadió Argueta.
Como parte de los actos de homenaje a la víctimas, las autoridades de la UES colocaron este viernes ofrendas florales el punto exacto dónde fueron masacrados los estudiantes mientras marchaba pacíficamente para exigir respeto a la autonomía universitaria.
El 30 de julio de 1975, por orden del entonces ministro de Defensa, Carlos Humberto Romero, el Ejército reprimió violentamente la marcha organizada por los estudiantes de la Universidad de El Salvador, acompañados de alumnos de secundaria.
La intervención militar, efectuada con gases lacrimógenos y armas de fuego, se saldó con un número de estudiantes muertos y desaparecidos no contabilizados hasta la fecha, debido a que los agentes de seguridad bloquearon el paso al lugar y recogieron los cuerpos, según declararon algunos testigos de los hechos.
Investigaciones efectuadas posteriormente por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos señalan que, aunque la cifra exacta de fallecidos se desconoce, fueron alrededor de 100 personas las que se contabilizaron como muertas y desaparecidas.
