Según explicó el especialista en empleos, Enrique López Arce, Paraguay ocupa actualmente el puesto número ocho en cuanto al monto del salario mínimo en América Latina, lo que lo ubica en la mitad del ranking.
Sin embargo, afirma que la situación preocupa porque mientras la mayoría de los países ajustan sus salarios considerando la inflación de la canasta básica y las proyecciones inflacionarias, Paraguay solo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.
“Con esta metodología, el salario mínimo paraguayo iría descendiendo en los siguientes años, salvo que se actualice la forma de ajuste”, remarcó López Arce.
Aumentos en la región
En 2025, varios países implementaron incrementos significativos en sus salarios mínimos. México elevó en un 12% el salario diario, que pasó de 248,93 a 278,80 pesos mexicanos. En El Salvador se aplicó un ajuste también del 12% para los sectores de comercio e industria, alcanzando los USD 408,80 mensuales.
Colombia fijó un aumento del 9,5%, situando su salario en 1.423.500 pesos colombianos. En Perú, la remuneración mínima vital se incrementó en 105 soles, hasta llegar a 1.130. Uruguay anunció una suba del 6% desde enero, mientras que Ecuador fijó el salario básico en USD 470 tras un ajuste de USD 10.
En Brasil, el mínimo llegó a 1.518 reales (aproximadamente USD 273), y Argentina estableció aumentos escalonados hasta alcanzar 296.832 pesos argentinos en marzo de 2025. Bolivia, por su parte, aplicó un incremento del 10%, situando su mínimo en USD 398.
En contraste, Costa Rica registró un aumento menor, del 2,37%, alcanzando los USD 725,6. En el caso de Paraguay, el ajuste proyectado para 2025 es del 3,6%, lo que lo mantiene rezagado frente a la mayoría. Venezuela continúa con el salario mínimo congelado desde 2022.
Riesgo de pérdida de poder adquisitivo
López Arce afirma que el análisis evidencia que, de no modificarse la fórmula del reajuste, el salario mínimo en Paraguay podría seguir perdiendo capacidad adquisitiva y competitividad frente a los vecinos, lo que generaría mayor presión sobre los trabajadores y la economía interna.