20 feb. 2024

Salario mínimo e informalidad

Cada año, en esta época, se reactivan las discusiones con relación al salario mínimo en nuestro país, porque a partir del año 2016 rige la Ley 5764 que establece el reajuste anual del salario mínimo con base en la tasa de inflación del IPC.

Por un lado, las centrales sindicales argumentan que la inflación medida por el BCP no refleja el costo de la canasta familiar de los trabajadores y que hay un atraso histórico en el poder adquisitivo del salario mínimo del 25%. Por otro lado, los gremios empresariales consideran que el salario mínimo actual es de cumplimiento imposible para muchas actividades económicas, en especial, para las MiPymes, las principales empleadoras del país.

Sin embargo, lastimosamente no existen soluciones mágicas y el tema del salario mínimo es parte de un problema muy complejo del mercado laboral, que es la informalidad. Según datos reportados en el informe sobre Ocupación Informal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de los 2.930.000 trabajadores ocupados en sectores no agropecuarios, el 56% o sea unos 1.650.000 se reportan como asalariados y de estos solo el 35% percibe el salario mínimo y la mitad de estos no aporta a la seguridad social; otro 35% ni siquiera percibe el salario el mínimo vigente y están en la informalidad y solo un 30% tiene una remuneración superior. Estos datos no incluyen a 250.000 trabajadores domésticos quienes en una gran proporción no reciben el salario mínimo ni a los 780.000 trabajadores por cuenta propia quienes ni siquiera tienen un salario, sino deben rebuscarse con changas, ambos segmentos en la absoluta informalidad. Así, de todos los trabajadores no agropecuarios del país (asalariados y no asalariados), apenas el 10% está percibiendo una remuneración equivalente al salario mínimo y tienen un empleo formal aportando a la seguridad social. Es importante comprender esta realidad cuando se discute el salario mínimo u otras políticas públicas relativas al mercado laboral, que si no van a atacar las causas fundamentales de los problemas, por lo menos, que no empeoren la situación.

Esta realidad es similar a la observada en varios países de América Latina, aunque la nuestra es una de las más extremas. Según el economista mexicano Santiago Levy, investigador de la Brookings Institution de EEUU, quien ha estudiado extensamente la informalidad y las políticas sociales de la región, las causas principales están en el diseño de sistemas de seguridad social y mecanismos de protección social que generan incentivos contrarios a la formalización y, en muchos casos, incompatibles con los niveles de productividad de la economía y sugiere separarlos del tipo de empleo o relación laboral que tengan las personas, implementando sistemas universales de salud y seguridad social.

Por ejemplo, en nuestro país, la relación entre el salario mínimo y el ingreso percápita (una aproximación a la productividad de la economía) es del 84%, mientras que, en países con mayor formalidad laboral como Brasil, Chile y Uruguay, está en alrededor del 40%. Esto indicaría que el nivel actual del salario mínimo en Paraguay es muy elevado, considerando el nivel de productividad de nuestra economía, y por eso, se convierte en un salario techo en vez de ser un mínimo, como indican los datos del INE. Además, el 65% de los ocupados lo están en MiPymes, las cuales tienen aún niveles de productividad más bajos, con escasa o nula capacidad de cumplimiento del salario mínimo y mucho menos de las cargas sociales que vienen aparejadas al formalizar la relación laboral.

Por lo tanto, hay factores estructurales como la productividad de la economía que limitan las remuneraciones factibles para los trabajadores. Sin embargo, hay preceptos constitucionales y están las leyes vigentes que garantizan los derechos laborales, aunque estos sean incompatibles con el desarrollo y los niveles de productividad alcanzados en nuestro país, y aún no somos capaces de discutir y diseñar políticas públicas sobre base de la realidad para resolverlas efectivamente. Así, lo máximo posible es seguir reajustando el salario mínimo con base en la inflación, sostener el crecimiento económico para reducir la brecha entre productividad y salario mínimo y rediseñar las políticas de seguridad social para avanzar en la formalización y proveer protección social efectiva a los trabajadores.

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