La patriaqueridista Rocío Vallejo expresó su preocupación en la mañana de este jueves por la ley que permite que los hechos punibles con expectativas de penas de hasta 12 años puedan adherirse al procedimiento abreviado.
La Cámara de Diputados aprobó y dio sanción a dicha normativa en la víspera. Se trata del proyecto de ley que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley 1286/1998 del Código Procesal Penal, que ya fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Vallejo fue la única que cuestionó la propuesta legislativa ante el pleno en la última sesión ordinaria, alertando que es un riesgo para el sistema penal. Esta jornada fue consultada al respecto por radio Monumental 1080 AM y consideró que no merece ser promulgada por el Ejecutivo.
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“No hay nada que salvar de esta ley si viola varios principios, incluso constitucionales; si le obliga al imputado a declarar, a confesar. Eso ya superamos, la etapa de confesión como prueba. Además, el imputado tiene que contar todo lo que hizo y con base en eso tiene que investigar la Fiscalía”, sostuvo.
En otro momento remarcó que obligar a una persona que posee una imputación en su contra a confesar viola el principio de inocencia.
Durante la sesión de Diputados, en la víspera, advirtió que esto podría también llevar a los procesados por hechos graves a negociar penas y hasta propiciar situaciones extorsivas que lleven a la confesión.
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“A lo mejor hay casos que merecen mucho más y se está estableciendo dentro de esta expectativa una pena consensuada —porque, prácticamente, es lo que hace— y sin ningún tipo de análisis”, enfatizó este jueves.
La diputada sostuvo que el procedimiento abreviado se aplica actualmente con expectativas de hasta cinco años y que hay casos donde no es muy bien aplicado.
“No podemos abrir una puerta tan grande sin que esto tenga una seguridad”, prosiguió en otro momento.
Frente al argumento que defendió el legislador colorado Derlis Maidana, de que será una herramienta para disminuir la mora judicial y descomprimir el cúmulo de causas, acotó que el sistema se puede descongestionar y reconoció que la Justicia se encuentra en un estado de emergencia.
No obstante, agregó que para ello se deben establecer mecanismos que necesitan otros tipos de solución.
