El fiscal Igor Cáceres presentó la imputación del ex efectivo de la Policía Nacional y solicitó su prisión preventiva. Roberto Osorio actualmente está con prisión domiciliaria por su anterior proceso judicial.
“Vimos la compra de inmuebles y varios vehículos de mucho costo y tenemos elementos para realizar la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado”, indicó el agente del Ministerio Público.
En el caso del ex suboficial sería por enriquecimiento ilícito, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años. Mientras que su esposa, Ada Liz, deberá afrontar un proceso por lavado, cuya expectativa es de 5 años.
Cáceres mencionó que las casas y los vehículos no pueden ser comprados con un salario de G. 7 millones, que era lo cobrado por Osorio. También dijo que la mujer no presentó registros de remuneración.
El caso ahora pasa al juez penal de Garantías, Humberto Otazú, quien deberá admitir la imputación y fijar fecha para la audiencia de medidas para ambas personas.
Osorio está siendo investigado también por estafa en el caso de negociado con cupos de combustibles para patrulleras de la Policía Nacional.
Por esa causa, el mismo consiguió medidas sustitutivas a finales del 2015. El juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, le otorgó el beneficio, alegando que el ex suboficial estaba recluido ya por 7 meses en el penal de Tacumbú, cuando por estafa la pena mínima de cárcel es de 6 meses.
El ex suboficial ofreció como fianza un inmueble valuado en G. 500 millones, tiene prohibida la salida del país y la comunicación con los demás imputados en la misma causa, entre ellos el ex comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga.
El ex policía había realizado un pedido de unas 186 tarjetas para cupos de combustibles que se utilizaron para fines particulares o, incluso, para efectivizar la supuesta carga del combustible, simulando una transacción.
Esto, con complicidad de empleados de las estaciones de servicios que integran el convenio firmado entre la Policía Nacional y Petróleos del Paraguay (Petropar), de acuerdo con las investigaciones.
El perjuicio patrimonial que manejan los intervinientes es de G. 1.159.242.441, a través de la utilización irregular de las tarjetas expedidas por Petropar, en convenio con la Comandancia de la Policía.
