“Un resumen del régimen normativo y de control vigente. Un ejemplo de que no estamos ante una laguna legal”, recalcó.
Riera recalcó que el proyecto recargará y superpondrá información que ya tiene y que puede procesar sin obligar más de lo que ya obliga y sin multar a ningún ente ni a sus miembros o terceros.
Entre algunos de los controles, menciona Seprelad, Ministerio del Interior, Tributación; BCP y Superintendencia de bancos para el uso del sistema financiero.
Hay un Decreto 2991/19 de Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano; la Ley 977/96 Convención Interamericana contra la corrupción. Además de la Ley 2535/04 Convención NNUU contra la corrupción; y la Ley 3807/09 Asistencia Paraguay y USA reducir corrupción impunidad.
Riera había señalado que el proyecto de ley conocido como “antioenegés”, en realidad, “es un avasallamiento del Estado a la libertad de las personas; es contrario, al principio de libertad garantizado por la Constitución”.
Manifestó que la administración de recursos privados no debe tener más control que los que el ordenamiento jurídico nacional ya establece, en el área tributaria, de lavado de dinero, financiera o ambiental, o de protección del consumidor
“Exigir más que esto, implica más Estado cargado sobre las espaldas del sector privado sin buenas razones, so pretexto de transparencia. El sector privado que administre recursos públicos debe rendir cuentas de la manera que establezca el documento en virtud del cual los recibe, como siempre fue, y no de la manera que establece este proyecto”, aseguró Riera.
Sostuvo que “cada una de las instituciones definidas en el proyecto como OSFL tienen su régimen legal, según su objeto social y su naturaleza jurídica, y no necesitan más para actuar dentro de la ley”. Solo aumenta el costo de administración.
