Se trata de una norma emitida por la Junta Municipal sobre la prohibición de la estadía de los limpiavidrios en las calles de Asunción. Según pudieron cuantificar los concejales proyectistas, al menos 300 personas operan en varios cruces semafóricos. Algunos, dijo Centurión, de manera violenta.
“Esto tuvo una construcción de aproximadamente dos años. Lo impulsamos desde la visión de que esa es una población excluida socialmente por la falta de políticas públicas. Teniendo en cuenta esta idea, iniciamos un proceso de trabajo integral, pero la intendencia vetó lo que aprobó la Junta”, contó Centurión en contacto con La Lupa.
El concejal recordó que, cuando trabajaron en el proyecto, salieron a las calles a segmentar las actividades informales que estaban siendo desarrolladas en las calles. Aseguró que no fue producto de una simple improvisación.
“Fuimos hasta esas personas que salen a las calles a realizar diferentes tipos de actividades. Los limpiavidrios estaban compuestos por un grupo menor de personas que mostraban menor recaudación que el resto”, detalló.
Detalló que existen más de 1.800 cuidacoches y solo 300 limpiavidrios en Asunción, además de 2.200 vendedores ambulantes.
“Hicimos un programa para sacarlos de las calles, garantizándoles una alternativa. Se hicieron expo empleos solo para ellos. Se pudo trabajar con fundaciones donde capacitaban de manera remunerada a este grupo, con el fin de que consigan un mejor trabajo. Abarcamos una buena cobertura integrada socialmente con ayuda del Gobierno”, sostuvo.
Comentó que con esta campaña lograron que empresas privadas se animen a dar trabajo a personas con antecedentes penales que querían abandonar las calles y ganar un mejor salario.
Sin embargo, lamentó que la propuesta quedó varada, pese a lo integral de su abordaje, porque la administración de Ferreiro vetó la ordenanza.
“Si promulgaba él ya no iban a estar en las calles, sino que estarían trabajando en un lugar y se evitaría el caos como sucedió con el juez y una limpiavidrios a metros de la avenida Mariscal López”, arremetió.
Contó que es una ordenanza vigente, pero que nunca se ejecutó por falta de voluntad del jefe comunal. A su criterio, Ferreiro actuó bajo un concepto político idealista sobre el tema.
“Perdimos el tiempo por una cuestión política ideológica, o si no tendríamos una alternativa viable para el sector. Le pido a Mario que libere este proceso”, agregó.
UN CONFLICTO MÁS. En un video quedó grabado el momento en que un juez baja de su automóvil y reduce a golpes a una mujer limpiavidrios, sobre República Argentina casi Mariscal López, en medio del tráfico.
El conductor fue identificado como Pedro Ricardo Arias, quien se desempeña como juez electoral, mientras que la trabajadora informal es Gabriela Larrosa, de 38 años. El magistrado trató de solucionar el problema pagándole G. 3 millones a la afectada.
