La jueza Gabriela Hardt, encargada del caso, levantó el secreto de sumario de la operación lanzada el jueves para detener a once sospechosos, entre los que hay cabecillas del PCC, la mayor facción criminal del país, de planificar desde el año pasado el asesinato simultáneo de diversas autoridades.
Moro, quien se hizo famoso mundialmente por condenar y encarcelar al hoy presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y que más tarde fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, estaba en lo más alto de la lista de objetivos.
Turnos para vigilar a “Tokio”
Las investigaciones indican un trabajo minucioso de seguimiento a él y a su familia. Usaron hasta códigos secretos para evitar encender la alerta entre los núcleos de inteligencia de la Policía, según un intercambio de mensajes entre uno de los investigados y su pareja sentimental.
A Moro se referían como “Tokio”. La palabra “secuestro” era sustituida por “Flamengo” y cuando escribían “Fluminense” en realidad hablaban de “acción”.
Porque tenían pensado secuestrar a Moro y su familia y una de las fechas sugeridas era el 30 de octubre, el día en que se celebró la segunda vuelta de las presidenciales en las que terminó saliendo victorioso el líder progresista Lula frente al ultraderechista Bolsonaro.
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Llegaron incluso a realizar un reconocimiento del local donde Moro depositaría su voto en la ciudad de Curitiba, donde desarrolló su carrera como magistrado y estuvo al frente de los casos de la operación anticorrupción Lava Jato, hasta convertirse en senador.
La cuadrilla también alquiló inmuebles próximos a lugares que Moro y su familia frecuentaban en Curitiba, en el sur del país, con la intención de conocer su rutina al dedillo. Tenían hasta un sistema de turnos para no perderse ningún movimiento.
Lo apuntaban todo en un cuaderno de espiral que fue confiscado en el operativo del jueves. Utilizaban bolígrafos de color azul, negro y rojo para destacar cada información, como los nombres completos de los integrantes de su familia, teléfonos, declaraciones de bienes con sus correspondientes valores y direcciones habituales.
Moro como moneda de cambio
Una de la hipótesis planteadas es que la intención era secuestrar a Moro y su familia para usarlos como moneda de cambio para liberar al máximo jefe del PCC, Marcos Camacho, más conocido como “Marcola”, hoy preso en una cárcel de máxima seguridad federal, en Brasilia.
Con ello también buscarían relajar las políticas de combate al crimen que impulsó Moro durante su etapa como ministro de Justicia, como la prohibición de visitas íntimas en cárceles federales.
A la magistrada Hardt también le llamaron la atención los “voluminosos recursos financieros y humanos” destinados para acabar con la vida de Moro.
“Una gran inversión financiera” estimada en “medio millón de reales” (casi 100.000 dólares), señaló la jueza, asombrada con la descripción de gastos que realizaron los criminales como una suerte de prestación de cuentas para sus superiores.
Los nombres detrás del plan
Al frente de la misión y principal objetivo de la bautizada como Operación “Secuaz” se cree que estaba Janeferson Aparecido Mariano, alias “Nefo”, “NF” o “Dodge”.
De acuerdo con las pesquisas, está considerado como uno de los líderes de la división del PCC que se encarga de “matar” antiguos miembros de la facción tachados de traidores y “cometer actos criminales contra autoridades y agentes públicos”.
El PCC nació en los años noventa en las cárceles de São Paulo y hoy es la banda criminal dedicada al narcotráfico más poderosa de Sudamérica, con tentáculos en varios países de la región.
En este contexto, los investigadores señalan a “Nefo” como el “responsable por la organización, la financiación, la planificación y ejecución del secuestro” del ex juez.
Uno de sus secuaces más próximos es Claudinei Gomes Carias, alias “Nei”, encargado al parecer de “acciones concretas” para que el plan siguiera adelante, como las labores de vigilancia o los informes sobre la rutina del senador.
En el auto de 71 páginas de la jueza Hardt también aparecen otros nombres, como el de una mujer, “Cintia”, al parecer responsable por alquilar la finca próxima a Curitiba que supuestamente serviría como cautiverio.
