Los vecinos analizaron el relatorio y encontraron una serie de inconsistencias, según informó el ingeniero ambiental Jorge Paredes, uno de los vecinos afectados.
En el informe, por ejemplo, no se menciona el detalle de la tala de 39 árboles que se proyecta realizar para la construcción de la mencionada estación de servicio. A esto se suman otra serie de inconsistencias. El documento menciona que el predio en cuestión “no cuenta con cobertura forestal”, un dato falso, de acuerdo a la nota dirigida al ministro Rolando De Barros Barreto.
“Faltan datos del proyecto, no tiene carátula, no se encuentran los datos del proponente, no cita la ubicación, no hay mapa del proyecto, existen incontables inconsistencias”, dice la nota.
“El relatorio dice que (el predio) no tiene cobertura forestal, y eso es mentira. Ellos (...) al Ministerio del Ambiente le dicen que no hay cobertura forestal, no consideran ese impacto en el estudio de impacto ambiental. Es decir, en su plan de gestión ambiental no hay una medida de compensación sobre eso. Y la Ley del Arbolado Urbano dice que tienen que compensar con 10 árboles por cada árbol”, explicó Paredes.
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La nota indica, además, que el relatorio “se torna en un informe de auditoría ambiental de la empresa Alejo Emprendimientos SA, puesto que no se menciona a Fuelpar SA en ningún momento. Señala, igualmente, otros detalles como que la gestión de residuos sólidos estará a cargo del municipio de Capiatá.
En la página 10, se refiere que “se cuenta con pozo poco profundo” dentro del predio a ser intervenido. Sin embargo, en la página 11 se detalla que “todo el sistema de agua corriente es abastecido por un pozo tubular profundo de 68 m²".
En la página 6 del relatorio se cuenta que “los tanques instalados fueron fabricados por la empresa Yquiros SA”, pero el proyecto aún no fue construido, según la nota presentada por los vecinos. “La empresa Yquiros SA no tiene página web, se desconoce su existencia”, indica.
Paredes explica, por otro lado, que la Dirección de Recursos Hídricos del Mades emitió un dictamen sobre el cuestionado proyecto, y que en dicho documento se especifica que el proponente debe realizar un análisis del suelo para comprobar su permeabilidad, además de otro análisis del nivel de napa freática. Esto con el objetivo de que el proponente plantee las medidas que se aplicarán para evitar que haya una contaminación del suelo o los cauces hídricos.
“Está el dictamen de la Dirección donde piden esos estudios. ¿Y qué hizo la Dirección de Control del Mades? Esos estudios que ellos pidieron, que pidió la Dirección Técnica, se pusieron directamente ya en la licencia. Ellos van a construir y, según la licencia, después van a hacer esos estudios. Pero eso debería ser previo, para poder identificar los impactos del proyecto y que puedan hacer su plan de gestión ambiental con base en esos impactos”, observa el ingeniero.
Contra la instalación de más estaciones de servicio
Los vecinos manifiestan en la nota que en este contexto de “proliferación de proyectos con agentes contaminantes”, es “de carácter urgente tratar esta problemática”. En este sentido, los vecinos resolvieron unirse a la asociación Ñanderekoháre, que busca parar la construcción de estaciones de servicio atendiendo al alto nivel de contaminación que pueden generar.
En 2023, la agrupación había realizado un pedido de auditoría a la Contraloría General de la República (CGR) sobre los procesos de habilitación de estaciones de servicio por parte de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En marzo de 2024, la CGR emitió un informe en el que se indica que los combustibles importados y utilizados en Paraguay contienen componentes que pueden contaminar los cursos hídricos, el agua subterránea, el suelo y el aire, “ya sea por derrames producidos durante su despacho o fugas de los tanques subterráneos y por gases que se volatilizan al momento de su despacho”.
El informe también confirma que la mayoría de las estaciones de servicio no cuentan con el equipamiento necesario para evitar la volatilización de los gases.
“Gracias a la denuncia de la asociación, y gracias al informe de la Contraloría, el Ejecutivo promulgó el decreto 1400 que es el que suspende el otorgamiento de licencias ambientales para estaciones de servicio en áreas urbanas”, recordó Paredes.
Nenecho permitió tala árboles violando Ley de Arbolado Urbano, según denuncias de los vecinos
El pasado 29 de enero, los vecinos de Mburucuyá y otras zonas del distrito Trinidad denunciaron ante la Junta Municipal de Asunción que se talaron 70 árboles en la plaza Mártires de la Policía, ubicada en las calles Julio Correa esquina Capitán Alfredo.
La tala fue autorizada por la Comuna de Asunción, a cargo del imputado intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Dicho procedimiento estuvo en manos de la empresa Perren Group SRL, bajo el asesoramiento de la ingeniera forestal Natalia Ferreira.
Los vecinos informaron que la tala se hizo en el marco de las medidas de compensación para construir la referida estación de servicio ubicada a un kilómetro de dicha plaza. La mencionada ingeniera indicó a los afectados que en el lugar se plantarían 390 árboles, pero, de acuerdo a los vecinos, el espacio no es suficiente para dichos plantines.
La administración de Nenecho también habría violado la Ley 4928 “De protección del arbolado urbano” al permitir la tala sin el previo consentimiento de los vecinos, como se establece en el artículo 11 del capítulo II.
La ingeniera que asesoró la operación, además, informó a los vecinos que se utilizó glifosato para realizar la tala. Dicho herbicida es considerado “problablemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud.
