En solo un fin de semana se registraron cinco feminicidios y en un acelerado diciembre nos vemos obligadas a reflexionar sobre cómo terminará el año en materia de derechos de las mujeres. La alerta se puede dimensionar en cifras, pero también la calidad de la gestión estatal para eliminar estas muertes violentas por razones de género.
El Observatorio de Violencia de Género reporta en lo que va del año 41 casos que podrían investigarse como feminicidios, a lo que se suman 8 muertes de paraguayas asesinadas en el extranjero y otros tres casos que aún son analizados.
A los feminicidios anteceden situaciones de violencia y que también representan una gran preocupación, pues solo en el primer semestre hubo más de 10.200 llamadas al Ministerio de la Mujer, de las cuales casi 4.500 fueron específicamente por violencia, que a su vez fue el delito más común denunciado en el 2020, según el Poder Judicial.
¿Quiénes son culpables? La cultura patriarcal insiste en culpar a las mujeres de la violencia que sufren, pero esta mirada cada vez va perdiendo más adeptos. En primer lugar los culpables son los agresores directos, quienes en su mayoría, a pesar de la vigencia de la Ley N° 5.777 de Protección Integral a las Mujeres, siguen gozando de impunidad. Prueba de ello es la baja condena por los casos de feminicidios.
Entre el 2017, año en que empezó a regir la normativa, y el 2020 hubo 92 expedientes de feminicidio consumado, de los cuales solo el 23,9% terminaron en condenas, mientras que de los 83 casos de tentativa, llegaron a la sentencia apenas el 8,4%, según un estudio de ONU Mujeres.
Estas evidencias muestran que además de los agresores también son responsables las instituciones públicas por la falta de respuestas a un problema social que mantiene bajo amenaza permanente a las mujeres. En este sentido carece de sensatez las recientes declaraciones de la ministra de la Mujer, Celina Lezcano, quien atribuyó el aumento de los feminicidios a los ciclos de violencia que las mujeres no denuncian, cuando la realidad es que hasta los casos denunciados terminan en tragedias.
Solo esta semana una madre de cinco niños tuvo que recurrir a la revictimización para ser escuchada. Su corte en la frente y rostro de desesperación recorrió los medios de comunicación en lo que se podía entender como un grito de pedido de auxilio, ante las respuestas de indiferencia de la autoridades, que incluso le sugirieron contratar a un abogado para acelerar los trámites, en un contexto en que ella debe ingeniarse para alimentar a sus hijos y al mismo tiempo cuidarlos de una eventual conducta feminicida.
Se puede hablar entonces también de una violación de derechos humanos. Primeramente por la pobre respuesta judicial o prácticamente su ausencia ante los casos reportados y segundo, porque no está cumpliendo con su función de tomar las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta que apunten a la eliminación de prejuicios y de las prácticas basadas en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, una explicación que facilita la abogada y politóloga Line Bareiro para entender el alcance de la responsabilidad de los estados en la violación de derechos humanos en general.
Si bien contamos con la Ley 5.777, el compromiso del sistema judicial es escaso y en el caso de otras instituciones hasta ausente o dilatorio como el caso del Ministerio de Educación que se niega a una ley de educación sexual integral que hable de la igualdad de género con la intención de atacar el problema de raíz.
De esta manera, el propio Estado no sigue obligando a vivir con miedo, con miedo incluso a denunciar, ya que hay una falta de credibilidad al sistema judicial. Es momento de que las demás instituciones que contempla la legislación empiecen a implementar políticas de protección de las mujeres.