La resolución, presentada por Ecuador y Azerbaiyán en nombre del Movimiento No Alineado, fue aprobada sin necesidad de votación por los 47 Estados miembros del Consejo, en su 46ª sesión.
El texto subrayó que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus se han administrado por ahora en países de altos ingresos, una situación que en opinión de los promotores de la resolución retrasará la completa eliminación del Covid-19 a nivel global.
También afirma que la pandemia ha impactado negativamente en los derechos humanos en el planeta y ha perpetuando las desigualdades, ya que quienes más riesgo están son “personas vulnerables y en situación marginal”, incluyendo los más mayores, migrantes, discapacitados, minorías étnicas o personas privadas de libertad.
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El texto insistió en que el acceso igualitario a los fármacos “debe ser un asunto de prioridad global” y que los Estados han de tomar medidas para garantizar que la distribución de las vacunas anti-Covid sea transparente, universal y rápida.
La resolución final eliminó sin embargo un párrafo del borrador inicial en el que se pedía a todos los gobiernos que tomaran medidas para evitar “la especulación y el almacenamiento” de vacunas contra el coronavirus.
El texto aprobado “urge a la eliminación de las brechas en el acceso a las vacunas y a garantizar de manera urgente un acceso equitativo”, resumió la delegación ecuatoriana en el debate previo a la adopción de la resolución.
Ésta contó con el apoyo en la sesión oral de otros países latinoamericanos como Uruguay o México, quienes coincidieron en subrayar que las vacunas contra la COVID-19 deben ser consideradas un “bien público universal” y por ello se tomen medidas que faciliten su llegada a los países más afectados y los más pobres.
