En un artículo denominado “Entre el ahorro empresarial y el diferimiento tributario”, publicado en la revista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), el economista Rodrigo Ibarrola analiza la evolución de las reservas facultativas en Paraguay, en medio del contexto de tensión por los cambios que plantea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre su uso.
De acuerdo con Ibarrola, con base en datos proporcionados por la DNIT, las reservas empresariales tuvieron un crecimiento mucho más acelerado que las propias firmas, e incluso se cuadruplicaron en 5 años.
En 2019, antes de la reforma tributaria, se habían alcanzado G. 18,8 billones de ahorros empresariales, aumentando a G. 77,2 billones en 2024, lo que representa un incremento de hasta 310%.
En tanto, explica que se comenzó a observar un salto significativo recién desde el 2021, ya que el stock aumentaba entre G. 10 y 19 billones anuales, mientras que entre 2017 y 2020, la suba era de G. 2,1 y G. 2,8 billones.
“Podría decirse que el aumento acompañó una expansión similar de las utilidades o del volumen de operaciones de las empresas. No obstante, (...) las reservas facultativas aumentaron aproximadamente 310%, mientras que los resultados del ejercicio aumentaron 56,8% y los ingresos operativos, 61,4%. La divergencia muestra que el aumento de las reservas no puede explicarse simplemente porque las empresas ganaron más o aumentaron proporcionalmente su nivel de actividad”, aclara Ibarrola.
Afirma también que antes de la reforma el incremento de los ahorros representaba aproximadamente 6,5% del resultado empresarial, mientras que desde 2021 la relación comenzó a cambiar, aumentando hasta el 21,8% para el último periodo evaluado.
“Si el fenómeno respondiera simplemente al crecimiento general de las empresas, cabría esperar que las reservas conservaran aproximadamente el mismo peso dentro de su estructura patrimonial. Sin embargo, no ocurrió así. En 2019, las reservas equivalían al 4,8% del patrimonio neto. En 2024, representaban 12,7%. Respecto del capital, pasaron de 7,8% a 19%, y frente a los ingresos operativos, de 4,4% a 11,1%”, añade.
En cuanto a la distribución, subraya que el 82,8% de lo acumulado corresponde a grandes contribuyentes; el 41,6%, a los medianos, y el 7% restante, a pequeños.
Dentro de todo este contexto, si bien Ibarrola afirma que los datos “justifican una regulación”, advierte que no se debería “incurrir en una presunción general de abuso”.
A su criterio, la DNIT debe exigir que las reservas con largos periodos se justifiquen por “necesidades razonables”, pero que el tiempo por sí solo no determine que una empresa deba pagar impuestos. Además, insta a definir qué ocurrirá cuando una acumulación deja de estar justificada.
“El objetivo no debería ser obligar a las empresas a distribuir utilidades, sino impedir que una figura destinada al ahorro permita diferir indefinidamente un impuesto sin necesidad económica verificable”, concluye.
