José Miguel A. Verdecchia
Sociólogo y docente
La actual Ley Nº 4995/13 de Educación Superior surgió como una respuesta a los ribetes escandalosos que ha rodeado a la habilitación indiscriminada de universidades y carreras universitarias entre los años 2006 y 2013 bajo la Ley Nº 136/93 y sus modificaciones, conocida como la Ley Marcos en alusión a su propulsor el parlamentario y también rector de una universidad privada Juan Manuel Marcos.
Las facilidades que otorgaban esta ley para la apertura y el reconocimiento de las universidades han generado reacciones adversas no solamente en el ámbito universitario, sino en la opinión pública en general, por lo que tuvo que ser cambiada por la actual.
De acuerdo con esta ley, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Esa así que entre sus principales funciones se destacan la formulación de propuestas de políticas públicas en materia universitaria, la habilitación y el control del funcionamiento de las universidades de conformidad a los requisitos de orden académico y legal y el encaminamiento de la reflexión y las discusiones para la adecuación de la universidad a los avances del conocimiento humano y a las necesidades del país.
Si bien el análisis institucional de Cones abarca un amplio campo, en esta oportunidad nos limitaremos a centrar la mirada en uno de sus componentes: La estructura de poder. El Consejo está integrado por 13 miembros. Estos son el ministro de Educación y Cultura o su representante, el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica, un rector representante de la universidad pública, un rector representante de la universidad privada, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, un director general representante de los Institutos Superiores del sector público, un director general representante de los Institutos Superiores del sector privado, un catedrático por las universidades públicas, un catedrático por las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante estudiantil de las universidades públicas y un representante estudiantil de las universidades privadas.
En esta composición se destaca que la mayor parte de sus miembros cumplen funciones burocráticas al frente de Rectorados de universidades y de Direcciones de Institutos Superiores y que la presencia de académicos es muy escasa por no decir que es inexistente.
Para el cumplimiento de sus funciones el Cones cuenta con una instancia técnica, académica, administrativa y financieramente autónoma, constituida por la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes) cuyas principales funciones son las de evaluar y acreditar la calidad académica de las carreras ofrecidas por las instituciones de educación superior.
En su desempeño el Cones ha mostrado algunas situaciones y actuaciones que pueden ser consideradas como positivas para el sistema universitario junto a otras que no las son.
1. Aspectos positivos
Entre los aspectos positivos se señalan:
a) La decisión sobre la apertura, el funcionamiento y la clausura de las universidades que pasa a manos de una instancia vinculada al mundo universitarios, en reemplazo del parlamento cuyas decisiones siempre están sesgadas por criterios político-empresariales antes que académicos;
b) El Cones ha actuado como un tapón regulador del flujo de instituciones universitarias planteadas con fines comerciales y conocidas como “universidades de garaje”.
c) La nueva legislación que permitió al Cones realizar intervenciones en situaciones límites en los casos de universidades cuyo desempeño se estaba poniendo en tela de juicio por la precariedad de las condiciones humanas y materiales en las que se estaban desenvolviendo.
d) Una cierta rigurosidad en el proceso de control de las condiciones que reúnen las universidades para su apertura y la habilitación de las carreras.
2. Los cuestionamientos
En el desempeño del Cones también han surgido serios cuestionamientos a su actuación entre los cuales algunos de los más importantes son:
a) Los conflictos de interés que surgen en determinadas situaciones atendiendo que sus miembros, en su mayor parte, representan institucional o indirectamente a sus universidades, asumiendo de esta manera el doble rol de juez y parte, con lo cual genera una competencia desleal respecto a las universidades no representadas en el Consejo.
b) El manejo inapropiado de información privilegiada por parte de algunos de sus miembros para sacar provecho de ello para sus respectivas universidades. En conocimiento de la futura clausura de facultades, algunas universidades, de manera oportunista, han procedido a ampliar sus instalaciones para albergar a los estudiantes que resultarán perjudicados
c) También ha sido cuestionada al Cones la aplicación complaciente de la ley siendo uno de los casos más visibles los de la aprobación de la adecuación de los estatutos de las universidades a las nuevas exigencias de la Ley 4995/13, en las que son obviados principios y criterios exigidos en la misma respecto a su estructura interna como los de democracia, participación y autonomía, fundamentalmente en los casos de las universidades privadas, todas ellas manejadas por poderes extra universitarios.
d) La escasa presencia de académicos en el Consejo ya que en su mayoría lo integran administradores de instituciones universitarias.
e) Los miembros del Consejo, en su mayor parte, destinan al mismo un tiempo residual porque es lo que les permite sus funciones directivas en sus propias instituciones
f) Los exiguos recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de sus funciones que en muchos casos actúa como inmovilizador.
g) Finalmente, una de las grandes deudas del Cones es la ausencia de reflexión sobre la problemática de la universidad y su futuro así como su inexistente contribución para el diseño de propuestas para una política universitaria.
En este escenario, cualquier planteamiento de cambios en la composición del Cones debería garantizar cuando menos i) el potenciamiento de sus fortalezas, ii) la eliminación de los cuestionamientos a su desempeño y iii) el acceso a las facilidades y medios necesarios para la asunción de las funciones que la ley le asigna y que no están siendo asumidas por falta de recursos.
*El propósito de estas notas es aportar elementos que puedan alimentar una discusión que la comunidad universitaria y la sociedad deben tomar con suficiente seriedad sobre la revisión de la estructura del Cones, dado los riesgos que conllevan dejar su tratamiento solamente en manos del Congreso.
