Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros reclaman medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y el gobierno no descarta declarar un estado de excepción para usar a los militares en el control de las manifestaciones.
“Sí, confirmada esta información”, dijo una fuente del Ministerio de Defensa, que pidió el anonimato, sobre la dimisión del jefe de esa cartera, Mauricio Salinas. Al ser consultada, no explicó las razones.
Medios de prensa bolivianos aseguraron que Salinas fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa social y Sustancias controladas, conocido como el zar antidrogas.
Hace una semana, el Congreso eliminó una norma que ponía límites al presidente para decretar estados de excepción, lo cual le permite, además de enviar a militares a las calles, restringir libertades de reunión y movimiento.
La oficina de prensa del Ministerio de Educación también informó la renuncia de su titular Beatriz García.
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El gobierno hasta ahora ha optado por llamados al diálogo, sin que sean atendidos por los dirigentes de las organizaciones que encabezan las protestas.
Un centenar de bloqueos de carreteras se reportan en todo el país, casi el doble que hace dos semanas, según datos oficiales.
Las tomas de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, en la vecina El Alto y en otras ciudades, y elevado los precios de productos básicos.
El gobierno de Paz denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y acusa al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las manifestaciones.
El último estado de excepción por protestas en Bolivia se decretó en 2019, durante la convulsión social seguida a la renuncia de Morales, quien logró su segunda reelección en medio de denuncias de fraude de la oposición.
Fuente: AFP.
