El caso por el que está imputado el legislador abdista es el mismo que afronta el senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedmann, por negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación de Guairá. Sin embargo, el proceso del senador sí pudo avanzar, a diferencia del diputado, que no fue sometido a la Justicia.
La Coapy ya había presentado un pedido de desafuero en octubre del año pasado, pero nunca fue tratado por el pleno.
En su exposición de motivos, los abogados indican que ni senadores ni diputados son una clase superior y que deben ser investigados.
No obstante, el argumento de cartistas y abdistas para mandar al archivo el pedido de desafuero fue que no confiaban en la Fiscalía, por no otorgar garantías y por realizar persecución política.
“Su supuesta desconfianza en la administración de justicia y la supuesta falta de garantías procesales, son aseveraciones que ofenden a la ciudadanía honesta que viene luchando contra el flagelo de la corrupción.
En ningún momento, la Constitución contempla que los fueros se puedan utilizar para impedir que se le dé el mismo trato a un legislador que a cualquier otro ciudadano respecto de delitos cometidos por aquellos. Interpretar lo contrario simplemente se estaría atentando contra el sentido común”, señala la nota.
El acta de imputación formulado por el Ministerio Público sostiene que el ex gobernador Friedmann, a través de la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), proveyó almuerzo escolar a la Gobernación y como socios comerciales figuraban el diputado Éver Noguera y Hugo Alexander Torales. El contrato firmado en 2016 fue por más de G. 16.000 millones, pero no fueron entregadas todas las raciones, según dictamen de la Contraloría.
Noguera es uno de los tantos blindados de la Cámara de Diputados, como Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa; Ulises Quintana, por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico, o Tomás Rivas, sobreseído por tener a tres empleados particulares como planilleros en Cámara Baja.
