El receso parlamentario culmina hoy. La Comisión Permanente dejó de funcionar la semana pasada, para dar paso desde mañana al periodo ordinario de las cámaras del Congreso Nacional.
Marzo será un mes especial debido a que el plato fuerte de los siguientes debates será el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que fue tratado en la Cámara Baja durante el receso y su estudio fue pausado en el Senado para hacer modificaciones.
Los diputados oficialistas dieron media sanción al proyecto el 5 de febrero. Se aprobó que los maestros deberán tener como mínimo 55 años y 25 años de aporte para jubilarse. En tanto, los efectivos de las fuerzas públicas deberán contar con 57 años de edad y un mínimo de 25 años de aporte.
Con la ley vigente, los docentes y los efectivos de las fuerzas públicas no tienen edad mínima para jubilarse. Durante una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales, los educadores ratificaron su rechazo hacia la implementación de una edad mínima para la jubilación del sector y exigieron que el Estado aporte más del 5% que fue aprobado en Diputados.
Los diputados cartistas actuaron con disciplina al Poder Ejecutivo y aprobaron el proyecto sin mucho debate técnico de por medio. La decisión los dejó en una posición incómoda ante sus electores, especialmente después de que la Cámara de Senadores optara por un análisis más profundo de la iniciativa. Los diputados, cuya representación es departamental, esperan que el “sacrificio” político realizado valga la pena y que el Senado corresponda aprobando sin modificaciones.
Jubilación Vip. Durante el receso, junto con la reforma de la Caja Fiscal, volvió al debate el régimen jubilatorio de los legisladores, calificado como vip porque el Estado absorbe su déficit.
Los parlamentarios pueden jubilarse con apenas diez años de aporte y acceder a montos elevados, con una edad mínima de 55 años para la jubilación extraordinaria (60%) y 60 años para la ordinaria. Además, sus viudas y viudos heredan la pensión.
En la misma sesión en la que se aprobó la reforma de la Caja Fiscal, se decidió elevar el aporte de los activos del 22% al 24% y el de los jubilados del 11% al 14%, e incluir una cláusula que prohíbe aportes o subsidios estatales al patrimonio, pese a que este año el Estado destinó unos G. 4.000 millones. El tema será tratado en marzo en la Cámara de Senadores junto con la reforma de la Caja Fiscal.
A su vez, los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega presentaron un proyecto que abrogaría la Ley 6112/18, que crea la Caja de Jubilados del Congreso Nacional, que el cartismo evitó tratar.
Acuerdos. La Cámara de Senadores deberá estudiar el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 Estados de la UE y los fundadores del Mercosur, creando un mercado de más de 700 millones de consumidores.
El Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés Status of Forces Agreement), también fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y está pendiente de aprobación. El documento establece el estatus legal, derechos y privilegios del personal militar, funcionarios de Seguridad y contratistas de Estados Unidos que estarán operando en Paraguay.
Entre otros proyectos pendientes se encuentra la fusión del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Secretaría de Repatriados, cuyo análisis está pendiente solo en el Senado.
Asimismo, está pendiente la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.
Ley de protección. El proyecto de ley “De Protección a Periodistas” será un tema que tendrá mucho debate atendiendo que, sobre la hora, el cartismo presentó otro proyecto, el cual no contiene las medidas básicas de seguridad que estaban contempladas en la propuesta original que se estudia desde el 2023. Además, elimina la posibilidad de participación de los periodistas y crea una dirección que dependerá del Ministerio del Interior.
Por otro lado, quedó pendiente el pedido de interpelación al presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, por el caso de tierras fiscales en Carmelo Peralta, adjudicadas a precios irrisorios.
En Diputados, duermen varios pedidos de intervención a intendentes como Lima, Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná e Yby Yaú, donde un pacto azulgrana mantiene en el freezer estos temas.
