Si bien el Congreso sancionó en lo que va del periodo 2018-2023 tres leyes para establecer modificar las mayorías para la destitución de legisladores en caso de hallarse causales previstas en la Constitución, ninguna de las normativas quedó firme, dado que los intentos tropezaron con vetos –tres en total– por parte del Poder Ejecutivo.
El cambio más recurrente que dichos proyectos de reglamentación planteaban modificar son los votos necesarios para la expulsión.
La propuesta legislativa pretendía establecer una mayoría absoluta de dos tercios de la cámara correspondiente, para determinar la pérdida de investidura de un legislador; es decir, 53 votos en Diputados y 30 votos en Senadores. Actualmente es mayoría simple.
Además se incluía el artículo cuarto que “la pérdida de investidura conlleva la separación definitiva del cargo”.
Otro proyecto de reglamentación planteado este año por la bancada de Patria Querida, establecían los efectos o consecuencias que pueden ocasionar la pérdida de investidura, que son la inhabilitación a ocupar cargos electivos, no tener contratos ni ser proveedor del Estado.
También establecía el plazo para la defensa de los acusados pero se mantenía la mayoría simple para la destitución.
Mayorías. Las veces que el Ejecutivo vetó es por desacuerdo en que “un supuesto adicional como base para la toma de decisiones sea por mayoría calificada, al tratarse de una cuestión expresamente establecida en la Carta Magna.
