Un presunto jefe narco fue muerto a tiros en el estacionamiento de un supermercado en un barrio de Asunción. Ederson Salinas Benítez tenía 33 años, era considerado uno de los nuevos líderes del PCC; habría ocupado el lugar del capo narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, y transitaba libremente por la capital del país.
“Pudo haber civiles y clientes heridos, considerando que ocurrió sobre la calle España de Asunción, donde la gente sale con su familia, y más aún considerando que fue en el estacionamiento de un supermercado, donde van en familia a hacer compras”, había señalado el titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados.
Esta es sin dudas una amarga realidad con la que la sociedad paraguaya debe convivir, pues se ha hecho más que evidente que los tentáculos del narcotráfico y del crimen organizado se han extendido por todo el país.
Las noticias de la acción de sicarios y ajustes de cuentas entre delincuentes nos llegaban, hasta no hace demasiados años, desde las ciudades fronterizas. Zonas que si bien no estaban en poder del crimen organizado eran evidentemente su particular campo de acción. En todo caso, también entonces resultaba más que evidente que las instituciones de seguridad del Estado estaban siendo sobrepasadas.
Resultaría insensible sostenerlo, pero este tipo de violencia y muertes estaban normalizadas en la frontera, lo estaba al menos hasta hace un año cuando aconteció el ataque de sicarios en un multitudinario concierto en la ciudad de San Bernardino.
La noche en que mataron a Cristina Vita Aranda quedó claro que nadie estaría seguro mientras no se tomaran medidas contundentes para controlar la acción del crimen organizado.
En el 2021, en la ciudad de San Lorenzo, fue asesinado por sicarios el capitán de navío Humberto Ismael Fleitas Giménez, quien era jefe de Estado Mayor del Arsenal de Marina de la Armada Paraguaya; en el mismo mes de setiembre sicarios asesinaron al empresario Mauricio Schwartzman frente a su domicilio del barrio Jara en Asunción; y en octubre, Jorge Fernando Miranda Ayala fue acribillado, mientras disfrutaba de un encuentro con sus familiares y amigos en una cancha, en el barrio San Pablo de Asunción.
Por la acción de sicarios murieron la hija del gobernador del Amambay Haylée Acevedo; Óscar González Olmedo, ex director del penal de Tacumbú, el fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Marcelo Pecci, así como también el intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.
La lista de nombres de personas muertas por la acción del sicariato no para de crecer y las autoridades no hacen más que exponer excusas y vanas explicaciones.
Cada muerte se presenta como un episodio más en la lucha contra el crimen organizado, pero esa no es la realidad. La verdad es que el país está por el momento sometido al poder del narcotráfico y el crimen organizado, los delincuentes están usando todo el territorio paraguayo, no solamente para sus negocios ilegales, sino también para dirimir sus diferencias, sus luchas de poder a través de vendetas que peligrosamente ponen en riesgo a toda la población.
Las instituciones del Estado paraguayo están superadas por el crimen organizado, y ha llegado la hora de que las autoridades dejen de lado los anodinos discursos y las excusas. Es hora de reforzar las instituciones y detener la acción de los grupos criminales que ponen en riesgo el sistema democrático. Basta de complicidad.