El primer revés le llegó el jueves, cuatro días después de que iniciara su segundo mandato. Un juez federal de Seattle consideró “claramente inconstitucional” el decreto por el que prevé acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal.
El magistrado John C. Coughenour la pausó durante 14 días, pero sentó las bases de una dinámica que podría repetirse estos próximos cuatro años: grandilocuentes anuncios de medidas seguidos por una batería de demandas en las cortes, que aboca los planes de Trump a dirimirse en el Tribunal Supremo.
La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
“No me sorprende ese juez”, dijo Trump después de que se conociera la resolución del magistrado recordando ese principio. Coughenour actuó en respuesta a una demanda de cuatro estados, paralela a una interpuesta por otros 18.
El objetivo de acabar con la ciudadanía por nacimiento ha sido el que más eco ha recibido tras su llegada al poder, pero no el único que pone a prueba el statu quo. Planea sustituir por ejemplo con un aumento a los aranceles el impuesto sobre la renta, cuya creación requirió la ratificación de la Décimo Sexta Enmienda en 1913. Los recursos en marcha anticipan un proceso largo antes de que sus planes se vean materializados. El mandatario, no obstante, juega con la ventaja de que los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso y de que el Supremo, que podría tener la última palabra, tiene también mayoría conservadora. EFE
