En primer lugar, considerando las circunstancias actuales, es urgente la creación de un sistema universal de salud. Esta debe basarse en la separación del área de Salud del IPS y la unificación de su red de prestación de servicios a las del Ministerio de Salud en una Entidad Pública Autónoma que absorbería los hospitales, centros de salud, unidades de salud familiar y personal que actualmente poseen ambas instituciones en todo el territorio. Paralelamente, se requiere implementar un sistema de financiamiento que asegure los recursos para financiar los servicios garantizados, ya sea a través de un régimen de seguro médico universal obligatorio o a través de un Fondo Nacional de Salud proveniente de recursos tributarios y de otras fuentes. Factores como la informalidad laboral versus la informalidad tributaria deben ser considerados para elegir la mejor opción.
En segundo lugar, es necesario modificar la Ley de la Función Pública y establecer reglas claras para la incorporación de funcionarios a través de concursos públicos de méritos, prohibir la contratación de parientes y crear un plan de cargos y salarios con un esquema de rigurosas evaluaciones de capacidades y desempeño para las recategorizaciones o desvinculaciones. Debemos eliminar la discrecionalidad, el clientelismo y nepotismo en la contratación de funcionarios, en la fijación de las remuneraciones y apostar por la capacidad y la meritocracia en la burocracia estatal.
En tercer lugar, es necesaria una reorganización del Poder Ejecutivo para eliminar las estructuras obsoletas, la superposición entre instituciones, fortalecer aquellas prioritarias para el desarrollo de las próximas décadas y apostar decididamente por un gobierno digital en su relación con los ciudadanos. En este sentido, el Ministerio de Hacienda debiera consolidar todas las funciones relacionadas a la administración del Estado como las áreas de planificación y la función pública; crear un Ministerio de Desarrollo Productivo para consolidar los ministerios sectoriales y crear un Ministerio de Energía y Minería; y el Ministerio de Desarrollo Social debiera consolidar las instituciones enfocadas a la protección y promoción social de los segmentos en situación de pobreza.
En cuarto lugar, es necesario revisar y ajustar el proceso de descentralización que se inició a mediados de los 90’s. Descentralizar la prestación de servicios públicos para responder más estrechamente a las prioridades locales es una idea interesante que apoyamos. Pero nos equivocamos en la implementación. Sobre lo ya avanzado hasta hoy, es necesario distribuir con más claridad las responsabilidades entre gobierno central y gobiernos locales; evaluar y desarrollar las capacidades institucionales de cada administración local; incrementar la recaudación de sus recursos genuinos como el impuesto inmobiliario y modificar la distribución de royalties asignándolos en base a proyectos de inversión, con mecanismos de fiscalización previa a los desembolsos. Además, es necesario evaluar la eliminación o reducción en la cantidad de gobernaciones, por carecer de funciones claras a desempeñar.
De esta emergencia sanitaria saldremos muy debilitados económicamente. Tendremos que ajustarnos a una nueva realidad y seguir adelante. Necesitamos un Estado fuerte y eficiente en la prestación de los servicios públicos que nos impulse a desarrollar todas nuestras capacidades para recuperar y mejorar el bienestar de todos.
