Reinaldo Valenzuela, uno de los líderes de la protesta, denunció un faltante de G. 600 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), cuyo destino se desconoce. Además, señaló la existencia de numerosas facturas falsas por obras no ejecutadas, que suman cerca de G. 4.000 millones entre 2021 y 2024.
Valenzuela indicó, específicamente, facturas de la empresa Serrana que cobró casi G. 1.000 millones por supuestas reparaciones de caminos vecinales y de la empresa Yeruti que facturó entre G. 90.000.000 y G. 100.000.000 por servicios no especificados.
Las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía de Horqueta y la Contraloría General de la República (CGR).
“Ante la inacción de las instituciones, independiente a lo que pueda decir la justicia, nosotros tomamos la decisión de no bajar la guardia hasta que renuncie la intendente”, declaró Valenzuela.
El presidente de la Junta Municipal, Severiano Salinas, informó que la corporación legislativa continúa funcionando gracias a la incorporación de cuatro suplentes tras la ausencia de cinco ediles, aunque esta medida está siendo revisada judicialmente. Salinas afirmó que la Comuna no está operativa porque los funcionarios temen ser escrachados. Además, ya se ha solicitado la intervención municipal.
La intendenta se llamó a silencio mientras espera el resultado de un recurso de amparo presentado por su abogado contra los concejales que lideran la protesta. Torales ha denunciado que los manifestantes se vuelven cada vez más agresivos, llegando a atacar su domicilio, así como las de los cinco concejales que aprobaron su ejecución presupuestaria. JR
