30 may. 2026

Rechazan recurso en el caso Metrobús y fijarán audiencias

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Imputado. Ramón Jiménez Gaona, ex ministro del MOPC.

Archivo

El Tribunal de Apelación Especializado declaró inadmisible la apelación de la defensa del ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínigo, procesados por el caso Metrobús. Con ello, ya pueden ser convocados para la audiencia de imposición de medidas.

El recurso fue presentado por los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, contra la resolución que rechazó el recurso de reposición y que concedió también la apelación subsidiaria.

Tanto el ex ministro Jiménez Gaona, la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez y el ex gerente del programa Metrobús, Alcaraz, fueron imputados por presunta lesión de confianza a raíz del caso del Metrobús, denunciado en el 2018.

El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas Bibiana Benítez, Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes entendieron que el recurso era inadmisible.

Es que la defensa había presentado un recurso de reposición para que el mismo magistrado revocara su convocatoria a la audiencia de imposición de medidas porque estaba pendiente una acción de inconstitucionalidad.

Esto fue rechazado, por lo que el juez le dio trámite a la apelación en subsidio. Pese a ello, igual, también presentaron una apelación general en contra de la resolución ya apelada.

Así, los camaristas dicen que la resolución que atacaron a través del recurso de apelación general no era apelable por esta vía, además que los mismos ya se expidieron al respecto a través de la resolución del 8 de agosto, por lo que declaran inadmisible el pedido.

En la imputación, la fiscala María Estefanía González señala que entre el 2013 y el 2018 el entonces titular del MOPC “no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA”.

El fallido proyecto contemplaba un presupuesto global de USD 162,9 millones; USD 89,1 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USD 19 millones por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID) y, el resto, USD 54,8 millones, con contrapartida local.

El informe de la Controlaría explica que las obras privaron a los ciudadanos de beneficios económicos por unos USD 85 millones, conforme a la imputación.

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