Con el pedido realizado por la representación legal del condenado, se pretendía el descuento de su pena con pruebas documentales producidas que, según el Tribunal, no cumplían con los requisitos legales.
Sobre dicho pedido, la agente fiscal Celia Beckelmann, de la Unidad de Ejecución, había solicitado al Tribunal de Apelaciones su rechazo. Al respecto, argumentó que las documentales de las supuestas actividades laborales presentadas por el condenado para ser beneficiado con la redención nunca fueron arrimadas al expediente.
Espínola cumple una condena de 25 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad por haber integrado el grupo que decidió la muerte de Cecilia Cubas.
Otras solicitudes. Ya en mayo, otros condenados pretendieron acceder al mismo beneficio, pero la jueza dijo que las planillas eran falsas. Estos condenados en la misma causa que buscan reducir sus penas son Arístides Vera y Basiliano Cardozo, quienes fueron sentenciados por el secuestro y homicidio doloso de la joven Cubas.
Tanto Vera como Cardozo y Lezcano Espínola fueron condenados en el año 2012 por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Letizia De Gasperi, Óscar Rodríguez y Lizza Battilana.
El Código de Ejecución Penal prevé en su artículo 120 que “los internos condenados a una pena privativa de libertad mayor a tres años, que se encuentren en el periodo de tratamiento, en un establecimiento cerrado ordinario o semiabierto, que posean una conducta calificada como muy buena, podrán ser beneficiados con el régimen de redención ordinaria, por el que se restará un día a la condena por cada tres días de trabajo o estudio”.
La ley prevé que se entiende por un día la suma de horas de trabajo penitenciario y estudio, ya sea primario, preparatorio, universitario o de capacitación de oficios aprobado por la Dirección, por un total de ocho horas.
EL CRIMEN. Cecilia contaba con 31 años cuando fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004, cerca de su residencia en San Lorenzo, por un grupo armado que interceptó a tiros su vehículo.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby y pese a que su familia haya pagado 300.000 dólares por su liberación.
