El parlamento regional aprobó en una votación realizada la noche del jueves el cambio legislativo, desde los 12 a los 10 años, lo que revierte una reforma acometida el año pasado.
El nuevo gobierno regional del conservador Partido Liberal, elegido en los comicios de agosto y que asumió el poder hace dos semanas, argumentó la medida con el objetivo de reducir las tasas de delincuencia juvenil.
Salvo Camberra, todas jurisdicciones de Australia mantienen en los 10 años la edad penal, aunque algunas, como Australia Occidental, Victoria y Tasmania, están en proceso para aumentarla hasta los 14 años, el mínimo que marca como estándar Naciones Unidas.
La líder política regional, Lia Finocchiaro, defendió el miércoles en el legislativo de la jurisdicción que la necesidad de que “las personas rindan cuentas por los delitos que están cometiendo, pero también ponerlas en un mejor camino para el futuro”.
Desde principios de año se ha registrado en Alice Spring, en el Territorio Norte y afamada por su cercanía al monte Uluru, una serie de disturbios del orden público y actos violentos, que obligaron a las autoridades a aplicar en dos ocasiones un toque de queda en esta ciudad donde viven unos 36.500 habitantes, de los cuales más de un 20% son aborígenes.
“No pedimos disculpas por cumplir con nuestro compromiso de reducir la delincuencia”, añadió la líder del Territorio Norte, que cuenta con una tasa de encarcelamiento juvenil 11 veces mayor que cualquier otra jurisdicción del país -alrededor del 90% de ellos menores aborígenes o indígenas del Estrecho de Torres.
El cambio legislativo fue criticado por la opositora laborista, Selena Uibo, la primera y única mujer aborigen en liderar un partido importante en Australia, al catalogarlo como un “día oscuro” para el territorio.
“Sabemos que cuanto antes entre un niño en contacto con el sistema de justicia penal, más prolongada es su participación. Queremos ver a los niños responsabilizados por su mala conducta, pero que luego se les brinde apoyo para que sigan un camino mejor”, remarcó Uibo.
Por su parte, la gubernamental Comisión Australiana para los Derechos Humanos también censuró la reforma.
“Reducir la edad de responsabilidad penal a 10 años no hará que las comunidades sean más seguras, solo hará que aumenten las tasas de delincuencia infantil. Se trata de niños en edad escolar primaria, y las respuestas duras y punitivas no son la respuesta”, dijo el pasado viernes la comisionada, Anne Hollonds.
Los aborígenes constituyen el 3,8% de los más de los más de 26,5 millones de habitantes del país. En contraste, esta minoría representa el 33% de la población penitenciaria australiana, formada actualmente por unos 42.000 reclusos, según datos oficiales.
Fuente: EFE.
