En el resumen se indica que de las 13 propuestas que fueron presentadas, 4 ya están promulgadas como ley, y otras 4 se sancionaron y se remitieron al Ejecutivo.
Estas últimas ya quedan a cargo del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien puede promulga o vetar.
Otro proyecto tiene la aprobación del Senado pero está pendiente de estudio y aprobación en Diputados.
Una propuesta tiene el visto bueno de la Cámara Alta, pero hicieron modificaciones en la Cámara Baja, por lo que habrá una segunda vuelta.
El Senado tiene aún un proyecto pendiente para ser tratado y otro fue retirado.
Una de las que puede ser aplicada es la que crea la competencia en delitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal.
También, la que establece reglas de transparencia en el régimen de sociedades constituidas por acciones.
Otras son la de administración de bienes incautados y comisados, y la que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
En cuanto a las que esperan el visto bueno de Marito, figura la que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La misma también incluye los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Además, el proyecto por el cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comisio especial, el comiso autónomo y la privación de beneficios y ganancias.
En la lista está el que crea y tipifica los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional.
Otra propuesta hace referencia a varios artículos del Código Penal, y otra crea el registro de beneficiarios finales del Paraguay.
El proyecto que sigue pendiente de estudio en la Cámara Alta es el que crea el impuesto a la renta del servicio de carácter personal. Sigue en comisiones.
La única propuesta que fue retirada tiene que ver con la que crea la Secretaría de Inteligencia financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos.
