La confirmación de la medida fue anunciada por la Primera Sala Nacional Penal de Apelaciones, donde Luis Nava recurrió sin éxito su encarcelamiento para intentar recuperar su libertad.
Nava ejerció de secretario de la Presidencia durante el segundo mandato de Alan García, cuando presuntamente se dieron los sobornos de Odebrecht.
Según testificó a la Fiscalía peruana el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, Nava y el exvicepresidente de la estatal Petroperú Miguel Atala eran los testaferros de García.
El superintendente de Odebrecht en Perú reveló que su compañía entregó en maletas USD 4,2 millones a Nava para asegurar la continuidad de la construcción de la carretera interoceánica del sur, a sabiendas de que él no tenía ninguna influencia sobre la obra pero que hablar con él era como hacerlo con García.
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El principal argumento de Nava para afrontar la investigación en libertad o bajo arresto domiciliario era la alta presión que alude sufrir, entre otras dolencias, y que en caso de complicarse le podrían provocarle la muerte, según explicó en la audiencia de apelación de la prisión preventiva celebrada el martes.
"¿Quiere un segundo muerto la Fiscalía? Seré yo, señor fiscal”, dijo por videoconferencia desde la cárcel Nava, en referencia a la muerte de García, quien este viernes hace un mes que se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando iba a ser detenido por la Policía por este caso.
El mismo tribunal decidió mantener en libertad condicional al exministro Enrique Cornejo bajo una fianza de 100.000 soles (unos USD 30.000).
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Decisión similar tomó con el exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE) Oswaldo Plasencia, el exsecretario del Ministerio de Transportes Jorge Luis Menacho y el exjefe de Provías Nacional Raúl Torres, cuyas fianzas fueron fijadas en 50.000 soles (unos USD 15.000).
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht pagó millonarios sobornos a cambio de adjudicarse grandes contratos en obra pública, acompañados además con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Los otros expresidentes imputados son Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel por presunto lavado de dinero; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.
