BRUSELAS
Este lunes, la portavoz de la Comisión, Paula Pinho, no confirmó la fecha del 12 de enero prevista para aprobar este tratado de libre comercio con el bloque sudamericano, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Sin embargo afirmó que la Unión Europea está en la “buena senda” gracias a las “discusiones” dentro de los Veintisiete, al “trabajo” y a los “progresos”.
Antes de viajar a América Latina, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen debe primero obtener el visto bueno de los Estados miembros por mayoría cualificada.
Esta votación podría tener lugar el viernes durante una reunión entre los representantes de los Veintisiete, según fuentes diplomáticas.
Previamente, los ministros de Agricultura de los países europeos están convocados a una reunión especial el miércoles en Bruselas.
En el orden del día hay el acuerdo con el Mercosur, pero también el futuro de la política agrícola común, también en el centro de las preocupaciones de los agricultores.
También ayer Francia decretó la suspensión temporal de las importaciones de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos, en respuesta a la ira de su sector agropecuario hacia el acuerdo comercial UE-Mercosur.
El domingo el Gobierno francés ya anunció la suspensión de determinados productos agrícolas. La medida, que entrará en vigor el jueves por el plazo de un año tras su publicación este miércoles en el diario oficial, debe recibir también el visto bueno de la Comisión Europea.
Aguacates, mangos, guayabas, cítricos o incluso papas, entre otros, ya no podrán entrar a Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa y usados para el tratamiento de frutas, verduras y cereales: mancozeb, tiofanato-metilo, carbendazima, glufosinato y benomilo.
Visto el perfil de los productos, la suspensión afecta “sobre todo a Sudamérica”, aunque “no es un decreto dirigido contra Sudamérica, sino contra cualquier país” que trate las frutas y verduras con estas sustancias, indicó el ministerio de Agricultura a principios de semana.
Bruselas tiene diez días para analizar la suspensión, que mientras tanto puede aplicarse.
“Al término de ese plazo, la Comisión Europea podrá no oponerse a ella y, por lo tanto, dejarla en vigor, o bien generalizarla al resto de la UE (...) o también oponerse a ella”, detalló el Ministerio.
El decreto, que se aplica a los productos importados desde fuera de la UE, también exige a las empresas del sector alimentario que apliquen controles para garantizar que los productos importados no contengan las sustancias prohibidas en cuestión.
