Editorial

Que no queden impunes los casos de corruptela

En el Paraguay hablar de corrupción, lamentablemente, nos remite a hechos a los cuales la ciudadanía está familiarizada. No se puede afirmar que sea una segunda piel del paraguayo, pues eso sería muy arbitrario para la gran mayoría honesta y trabajadora. Estos hechos ya no causan asombro, pues están tristemente normalizados. No obstante, los hechos de corruptela, algunos de los cuales han sido investigados por las instituciones y cometidos durante la actual crisis por la pandemia del Covid, asombran suficientemente, dado que es difícil de creer que un funcionario pueda ser tan perverso e inhumano como para administrar mal los recursos del Estado en el preciso momento en que los compatriotas morían o sus familias mendigaban para la compra de medicamentos. El deseo de que no queden impunes los casos de corruptela se renueva este 2022.

Los recursos que dispusieron municipios y Gobierno Central durante la emergencia sanitaria resultaron una tentación para varios funcionarios. En el peor momento que vivió el Paraguay, dejando de lado los periodos de guerras, hubo casos de malos manejos y procedimientos dudosos de los fondos con que el país debía enfrentar la pandemia del Covid-19. La compra de insumos para la emergencia sanitaria estuvo rodeada de polémica desde el primer día.

Desde la compra de agua tónica bajo el ítem de compras en pandemia; la compra de insumos médicos traídos de China, los que resultaron inservibles; pasando por las presuntas sobrefacturaciones y compras dudosas a clanes familiares, que involucró la gestión del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, hasta la fallida intervención de la Gobernación del Departamento Central, no se puede negar que la controversia no haya estado presente en los dos años que llevamos viviendo en pandemia.

El gobernador colorado cartista Hugo Javier González, junto a otras 14 personas, entre funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), están procesados por la supuesta existencia de un esquema para obtener dinero a través de obras fantasmas. Todos ellos están imputados por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. La Gobernación había recibido un millón de dólares, provenientes del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones, unos 800.000 dólares fueron entregados a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la ejecución de obras viales y mejoramiento de espacios públicos. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, y aparentemente obras fantasmas; asimismo, otra denuncia se refiere a un perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones, dinero que habría desaparecido sin documentaciones.

La ex titular de Petropar Patricia Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron procesados por lesión de confianza, en el caso de la compra de agua tónica bajo el ítem de compras en pandemia; y en la Municipalidad de Asunción, apenas a días de las elecciones municipales estalló el escándalo por la supuesta sobrefacturación de insumos comprados en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. En una de las facturas emitidas aparecen saturómetros con el precio unitario de G. 885.000, cuando en el mercado se conseguían desde G. 150.000; y una de las facturas más viralizadas en las redes sociales fue la del detergente desinfectante facturado por G. 393.800 y toallitas desinfectantes de la marca Septalkan a G. 259.600.

La Justicia debe investigar, no puede permanecer indiferente cuando las denuncias involucran a un funcionario amigo del poder de turno. El silencio no solo asegura la impunidad, sino también convierte a la Justicia en cómplice; además, todas las personas que administran los recursos del Estado están obligadas a actuar con transparencia y, por sobre todo, a responder por sus acciones y decisiones al frente de las instituciones.

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