Las protestas y bloqueos de carreteras se tornaron violentos esta semana en La Paz y profundizaron los problemas económicos y políticos que enfrenta el mandatario, quien ha recibido el respaldo de EEUU y de varios Gobiernos de la región, aunque también afrontó un conflicto diplomático con Colombia por declaraciones de su presidente, Gustavo Petro, que Bolivia calificó de “injerencia”. Estas son algunas claves del conflicto:
1. Las protestas comienzan por tierras
Campesinos e indígenas de la Amazonía caminaron durante 24 días desde la región de Pando (norte) y llegaron a La Paz a principios de mayo para exigir la anulación de la Ley 1720 sobre la reclasificación de las pequeñas propiedades a medianas para ser objeto de créditos bancarios.
Estos sectores consideraban que la norma abría las puertas a la concentración de tierras en manos de terratenientes y empresarios agrícolas.
Esa movilización fue secundada en el altiplano de La Paz por los sindicatos de campesinos aimaras con bloqueos de caminos. El presidente abrogó la ley el 13 de mayo, pero eso solo desactivó el conflicto con los sectores amazónicos.
2. El conflicto se expande con más sectores
La Central Obrera Boliviana (COB) presentó al Gobierno un documento con más de 200 demandas, entre ellas, un aumento salarial del 20%, control de la inflación y el compromiso de no privatizar las empresas estatales, la mayoría de las cuales está en quiebra. La inflación anual en 2025 fue del 20,4% y la cifra anual acumulada a abril está en 14,18%.
La COB declaró una huelga indefinida a principios de mes, sin lograr un seguimiento a la medida, pero desde entonces encabeza las protestas callejeras diarias en La Paz de maestros, fabriles, campesinos y sectores mineros.
Paz rechazó la mayoría de las demandas, incluido el aumento salarial del 20%, pero logró un acuerdo económico con los maestros y mineros de las cooperativas.
3. El conflicto se convierte en político
El líder de la COB, el minero Mario Argollo, y la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz firmaron el 6 de mayo un pacto para forzar la dimisión del mandatario, al que calificaron de “incapaz”. Ese mismo día, los agricultores comenzaron los bloqueos de carreteras hacia otras regiones del país y de las rutas que conectan con Perú y Chile.
El Gobierno acusó al ex presidente Evo Morales (2006-2019) de alentar la conflictividad.
La Fiscalía emitió esta semana órdenes de aprehensión contra Argollo y otros dirigentes de los bloqueos por presuntos delitos como instigación pública a delinquir y terrorismo, mientras que el Gobierno responsabilizó a los manifestantes por la muerte de tres mujeres, incluida una ciudadana de Belice, que no recibieron atención médica oportuna debido a los cortes de rutas.
4. La influencia de Morales
El 11 de mayo, una marcha de centenares de seguidores de Morales partió desde la localidad andina de Caracollo hacia La Paz, en un recorrido de unos 190 kilómetros, para rechazar las reformas impulsadas por el Gobierno en sectores estratégicos y exigir la renuncia de Paz.
La protesta coincidió con la emisión de una segunda orden de captura contra Morales después de que no se presentara ese mismo día en el juicio en el que está acusado de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad cuando era presidente, entre 2015 y 2016.
5. El fracaso del desbloqueo y los enfrentamientos
El Gobierno desplegó el 16 de mayo una operación policial y militar para abrir un “corredor humanitario” en algunas carreteras, pero los campesinos retomaron los bloqueos, tras algunos enfrentamientos en las rutas y en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
La tensión aumentó el 18 de mayo, cuando la marcha afín a Morales ingresó a La Paz y participó junto a otros sectores en protestas violentas que causaron numerosos destrozos en instalaciones publicas y privadas. Los choques entre policías y manifestantes se saldaron con más de 120 detenidos, de los que 90 fueron liberados después.
6. La preocupación internacional
Estados Unidos calificó las protestas como un intento de golpe a Paz, que previamente también recibió el respaldo de otros Gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile y Paraguay.
“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, dijo este miércoles el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
En cambio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está en marcha una “insurrección popular”, lo que derivó en la expulsión de su embajadora en La Paz.
Fuente: EFE
