El caso de los pasajeros fantasmas debe ser un punto de inflexión para la mejoría del transporte público. Al próximo gobierno le quedará un gran desafío para cambiar definitivamente este corrupto y vetusto sistema de transporte.
El actual, con el nuevo viceministro de Transporte, Óscar Stark, tiene cuatro meses para dar señales de que las cosas pueden modificarse positivamente o al menos dejar las bases para un avance.
Las autoridades de turno, generalmente, se mostraban complacientes con determinados empresarios del transporte porque eran utilizados en época de campaña electoral, situación que les generaba impunidad en sus actos. La consecuencia de la connivencia de políticos con transportistas siempre la pagaron los usuarios. Las reguladas de los colectivos ocurrían con frecuencia sin que el anterior viceministro Víctor Sánchez tomara acciones concretas, dejando a la voluntad de los empresarios el sufrimiento de los ciudadanos. Incluso justificándolas.
Respecto a los registros irregulares de los viajes, el nuevo viceministro de Transporte, Stark, recibió un reporte de 480.000 validaciones sospechosas en el 2022, donde con una sola tarjeta se hacían más de 10 validaciones en el día. Ya estando en la cuerda floja y en un callejón sin salida, el entonces viceministro Víctor Sánchez remitió a la Fiscalía los datos de 26.000 pasajes fantasmas.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) confirmó en un relevamiento de datos que con una tarjeta se realizaron más de 600 viajes un domingo. Que existían micros que daban círculos sin cumplir su itinerario con pasajeros fantasmas. Esta situación tenía directa relación con las reguladas.
En este contexto, candidatos a senadores y diputados de la oposición presentaron denuncia en contra de Víctor Sánchez y el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, por lesión de confianza, estafa y hechos punibles contra la prueba documental. También otra denuncia fue radicada en contra del ex presidente Horacio Cartes por la presunta autocontratación y estafa en el billetaje electrónico del transporte público de Asunción y área metropolitana.
La Fiscalía debe actuar con todo el peso de la ley sobre los involucrados en este robo, que afecta tanto al Estado como también a los contribuyentes y ni qué decir a los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público. Tiene que deslindar responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios que intervienen en el proceso del subsidio y billetaje electrónico. No debe haber contemplación en este sentido; caso contrario, se repetirán en el futuro los mismos vicios al no existir sanción para los implicados.
Este año, según datos, el Gobierno ya ha pagado como subsidio a transportistas USD 9 millones. El año pasado se desembolsaron USD 35 millones a los empresarios. Sin embargo, la contraprestación consiste en un paupérrimo servicio a la ciudadanía con reguladas y con fraude al subsidio que saltó cuando un pasajero había filmado el momento en que un chofer realizaba validaciones irregulares con una tarjeta. Esta situación es la que debe cambiar definitivamente ante el reclamo ciudadano por un servicio de transporte eficiente.
En conclusión, este cambio de timón por el vergonzoso caso de los pasajeros fantasma y las escandalosas reguladas debe ser una punta de lanza para la transformación del transporte público y para la implementación de un sistema que transparente el subsidio y el billetaje electrónico en beneficio de la ciudadanía porque se debe privilegiar el derecho de la gente a un servicio de calidad, por el que también paga.