El proyecto de ley de empleo parcial ya fue aprobado en la Cámara de Senadores el mes pasado, y pasó a Diputados para su estudio, donde sin haber sido debatido se aprobó en la sesión extraordinaria de este miércoles.
La propuesta ya tuvo el visto bueno en ambas cámaras del Congreso, ahora pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgada o vetada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La ministra Carla Bacigalupo, a través de las redes sociales, se mostró a favor de la iniciativa y celebró la aprobación lograda en la Cámara Baja.
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La iniciativa tiene por objetivo regular el empleo a tiempo parcial en el sector privado. Se trata de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), en agosto del año 2018.
Como punto principal establece que la actividad laboral será considerada a tiempo parcial cuando se extienda de 16 a 32 horas semanales.
La relación laboral deberá ser formalizada por escrito y además se debe contemplar el pago de seguro social.
El cálculo de remuneración mensual para el empleado se realizará sobre la base del salario mínimo legal (G. 2.112.562) y se pagará conforme a la cantidad de horas trabajadas.
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La propuesta señala que el salario se dividirá en 26 días y el pago por hora será de G. 10.157. En ese sentido, Trabajo estableció que la máxima carga horaria mensual será de 128 horas, lo que arroja un salario fijo de G. 1.300.096.
La patronal, al igual que en el empleo de tiempo completo, deberá abonar al Instituto de Previsión Social (IPS) el 16,5% del seguro y el aporte obrero, de la misma forma, también será del 9%.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la regularización del empleo parcial a través de esta legislación podría beneficiar a 129.000 empleados privados que actualmente trabajan menos de 35 horas semanales.
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Según datos oficiales de esta cartera, existen 200.000 personas en desempleo abierto en todo el país, mientras que otras 300.000 son subocupadas, y 1.861.000 son informales.
Las cifras hacen que la tasa de informalidad en Paraguay llegue al 75% y se sitúe como una de las más altas de América Latina.
En su momento, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) se mostró en contra del proyecto de ley, alegando que no se pueden crear leyes que violen los convenios internacionales.
También hubo argumentos de críticas en la Cámara de Senadores, de legisladores como Jorge Querey y Hugo Richer, ambos del Frente Guasu.
