Según la acusación de la Fiscalía, Bastian Comercial, de María Victoria Cano Torres, indicaba como actividad principal la fabricación de jabones, detergentes y preparados de limpieza, pero pagaba patente comercial por librería. Entre sus actividades secundarias figuraban comercio al por menor de software, artículos de ferretería, libros, productos textiles, prendas de vestir y calzados, así como otros artículos en puestos de venta y mercados. El Ministerio Público calcula un daño patrimonial de G. 144.940.000 por la contratación de esta firma.
COVA, de Juan Rodríguez, tenía como actividad principal el comercio al por mayor de materiales de construcción y como secundaria la venta de fertilizantes, agroquímicos, electrodomésticos, artículos de ferretería y alimentos, pero pagaba patente por comercio al por mayor de libros y artículos. Se estima un perjuicio económico de G. 217.410.000 en su contratación.
DFR SA, representada por Miguel Ángel Lisboa Pereira, se dedicaba principalmente al comercio al por menor de combustibles para vehículos, mientras que sus actividades secundarias incluían correo, actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados y limpieza general de edificios e industrias. Su contratación habría generado un daño patrimonial de G. 302.302.000. Sobre esta empresa, la Contraloría General de la República (CGR) refirió que no encontró rastros de su oficina en la dirección, solo había un estacionamiento.
Estas discrepancias entre los rubros declarados y las contrataciones realizadas forman parte del análisis fiscal dentro de la investigación por lesión de confianza y asociación criminal contra Óscar Nenecho Rodríguez.
