En mayo de este año, la DNCP también emitió resoluciones concernientes a sumarios (6%), casos de avenimiento (6%) y resoluciones variadas (4%).
Según Pablo Seitz, director de la DNCP, la mayoría de las protestas las realizan proveedores del sector privado y se dirigen principalmente contra el pliego de bases y condiciones (PBC) de las licitaciones organizadas por los diversos entes del Estado.
DETALLES. El titular de Contrataciones señaló que están efectuando estadísticas claves que analicen no solo la cantidad protestas, sino la reiteración de otros aspectos protestados similares.
“La idea es que una vez definido un tipo de objeción respecto a un pliego en particular, esa decisión ya sea incorporada al momento de revisión de la publicación del pliego para que no se tenga que presentar otra protesta a los efectos de limpiar la cláusula”, señaló Seitz.
Puntualizó que “las protestas son un mecanismo fundamental de control de la regularidad de los actos del proceso de contratación pública, principalmente respecto al PBC y respecto a la adjudicación, por lo que se muestra como un mecanismo mucho más dinámico y adecuado a la necesidad administrativa que el control judicial”.
Seitz adelantó que con el nuevo proyecto de ley de compras públicas, presentado recientemente por el Ejecutivo al Legislativo, se tendrá la posibilidad de regular mejor los plazos en que deben ser presentadas las protestas para evitar que en la víspera de una apertura de ofertas se proteste contra el pliego.
El directivo dijo que igualmente existe la posibilidad de iniciar procesos judiciales luego de resueltas las protestas, pero es un porcentaje ínfimo el que se cae dentro de este rango.
Expresó, además, que el nuevo proyecto de ley de compras públicas autoimpone a Contrataciones Públicas un plazo de 35 días como máximo para resolver la protesta, contados desde el día de su presentación. “De esta manera lograremos disminuir los eventuales retrasos que pudiese originar este mecanismo de control”, indicó Seitz.
Contrataciones socializa proyecto
El proyecto para la nueva Ley de Suministros y Contrataciones Públicas se presentó este mes ante diversos sectores sociales y económicos del país con miras a exponer sus reformas que ayudarán a fortalecer el sistema de compras del Estado.
La nueva propuesta, lanzado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a inicios de mayo, apunta a potenciar los pilares de eficiencia, igualdad y transparencia en todo el proceso de compras hechas por el Estado paraguayo, según manifestó Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La nueva normativa busca una reforma al régimen de compras públicas del país, dando protagonismo a la compra eficiente y la conformación de comités de evaluación con personas que no deberán tener conflictos de intereses.
El proyecto también apunta a garantizar compras más eficientes a través de una cadena de suministros que fije y ordene las etapas de planificación, programación, administración y evaluación de las compras mediante medios tecnológicos liderados por la DNCP y Hacienda, y evitar de este modo las compras innecesarias.