Los manifestantes, además, emitieron un comunicado a la ciudadanía, en donde dijeron que la acusación es nula, porque las imputaciones todavía se encuentran pendientes de resolución en alzada.
Los escrachadores Juan Galeano Grassi –empresario gastronómico–, María Esther Roa, Cándido Brizuela y Diego Oliver fueron acusados la semana pasada de violar la cuarentena, a diferencia de la mayoría de los casos, donde se pide proceso abreviado o criterio de oportunidad.
Ayer, aprovechando que los abogados se iban a manifestar, también se realizó una convocatoria a la ciudadanía.
Afirmaron en un comunicado que se presentó excepción de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales relacionados a la cuarentena sanitaria, alegando que violentan garantías constitucionales, “como la libertad de circulación, de opinión, de reunión y de manifestación” y que están pendientes de resolución en la Corte.
Según el comunicado, la Fiscalía actuó “muy apurada para acusar ilegalmente a los ciudadanos y sin embargo del lado de los corruptos ninguna investigación siquiera”, argumentaron.
