El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó a Monumental 1080 AM que remitió informes a la Fiscalía sobre la finca 916. Se trata de una propiedad del Ministerio de Defensa que se pretendía desafectar a favor de la Municipalidad de Villa Hayes.
“Nosotros hemos remitido la información que teníamos hasta ese momento, básicamente antecedentes judiciales en el caso, porque la finca 916 tiene más de 9.000 hectáreas, hubo varias situaciones, entonces se remitió toda la información que teníamos sobre la reivindicación, acciones de nulidad, etcétera. Y también remitimos toda la información que teníamos en el expediente judicial, donde estamos realizando las diligencias preparatorias hasta la fecha”, comentó el funcionario.
En ese sentido, explicó que fue la Fiscalía la que solicitó la información, en el marco de la investigación a la denuncia presentada por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes.
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El 5 de octubre pasado, la legisladora opositora denunció la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Todo esto, en el marco del caso de la ocupación vip en Villa Hayes.
Este miércoles, la Cámara de Diputados aceptó el veto presidencial a la ley que desafectaba la finca en cuestión. Con esto queda prácticamente archivado el proyecto impulsado por el senador oficialista Basilio Bachi Núñez.
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“Dentro de la finca 916, hay diferentes situaciones jurídicas, como un área reservada, área silvestre protegida, hay áreas afectadas, hay alguna zona inmediata, etcétera, etcétera. Nosotros notamos el proyecto de ley que ha sido vetado y hoy aceptado el veto en el Congreso, lo que pretendía era abordar 131 de esas más de 9.000 hectáreas, y nosotros nos estamos enfocando ahora en las zonas ribereñas que son algo así como 16 hectáreas nomás. Cuando se habla de la finca 916, hay que ser bien precisos acerca de a qué sector de la finca 916 nos estamos refiriendo”, explicó González.
Los fiscales designados para la causa son Diego Arzamendia y Osmar Legal de la unidad de Delitos Económicos, según informó la periodista Liz Acosta.
Ganaderos, políticos y empresarios son ocupantes
El proyecto de expropiación de las tierras tenía como finalidad entregar títulos onerosos a los actuales ocupantes.
La ley tuvo sanción ficta el 28 de setiembre pasado, tras una jugada de parlamentarios del cartismo orquestada por Bachi Núñez, quien dejó sin cuórum la sesión.
Posteriormente, la senadora liberal Celeste Amarilla publicó una lista de los beneficiados, en la cual aparecían jueces, ganaderos, políticos, empresarios conocidos y poderosos apellidos menonitas.
