EFE
“El hecho atribuido al imputado resulta constitutivo del delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía, por el cual Santiago Corona deberá responder en calidad de coautor”, apunta el escrito judicial firmado por el juez Hernán Martín López, a cargo de la investigación.
Para Martín López, “existen en la causa elementos de convicción suficientes” y “de innegable carácter incriminatorio” como para decretar el procesamiento de Corona.
El auto desgrana con detalle el paso a paso del homicidio, desde que la víctima desapareciera el pasado 21 de enero en su domicilio del barrio porteño de Caballito (oeste).
Corona fue detenido el pasado 24 de enero después de que su esposa -e hija de la víctima- le identificara como uno de los individuos que había quedado registrado por las cámaras de seguridad del inmueble cargando un bulto extraño envuelto en una manta hasta el maletero de su coche.
Una semana después, el juez dictó la puesta en libertad de un mecánico detenido por el crimen, al entender que no hay elementos probatorios suficientes para mantenerlo preso, aunque no descartan que haya tenido otro rol en el caso.
Las autoridades argentinas continúan con la búsqueda del cómplice de Corona, Pedro Ramón Fernández Torres, un carnicero de origen paraguayo, de quien se sospecha que pudo haber salido del país con documentación falsa.
En este sentido, la Justicia señala también que entre el yerno de la víctima y Fernández Torres “existió una planificación” para cometer el asesinato.
“Aparentemente estaba todo perfectamente planificado, con una logística que llevó meses en su preparación”, añade el auto, que señala a Corona como el autor del trabajo de campo previo por su vínculo con Fernández Montes y, posteriormente, facilitarle el acceso a su cómplice.
Además de prisión preventiva, el juez ordenó medidas cautelares como el embargo de los bienes del detenido por el monto de un 1,1 millones de pesos (unos 70.000 dólares), en concepto de indemnización civil y para garantizar las costas del proceso.
El cuerpo calcinado del empresario - natural de la localidad asturiana de Lena (norte de España) y residente en Argentina desde 1965 - fue encontrado a las afueras de Buenos Aires tres días después de que sus hijas denunciasen su desaparición.
Fernández, de 67 años, era propietario de la empresa Mini Vial, dedicada al alquiler de maquinaria de construcción y gestionada en los últimos tiempos por su yerno.
Al parecer, el móvil del crimen fue “borrar las pruebas” que el empresario tenía contra su yerno por haberle estafado y con las que tenía previsto iniciar una causa penal.
Un supuesto fraude detectado hace ocho meses por la víctima y que superaría el millón de pesos (casi 63.000 dólares) en créditos obtenidos con un poder a nombre del empresario, cheques cobrados en ventanilla, impagos en los camiones, excavadoras y otra maquinaria de la empresa, así como los seguros de los empleados.
Una situación que había desencadenado en amenazas por parte del yerno y que Fernández no llegó a denunciar por miedo a represalias contra su hija y nietos.
