EFE
Lo resolvió el juez federal Néstor Barral, quien ordenó embargos por 30 millones de pesos (USD 1,20 millones) sobre los bienes del ex jugador de la selección colombiana y Boca Juniors y de María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Escobar y Juan Sebastián Marroquín Santos, hijo de Escobar.
La investigación apunta a un “núcleo de blanqueo de capitales” diagramado por el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos y cuyo “representante y punto de contacto central” en Argentina es el empresario Mateo Corvo Dolcet, ya imputado en la causa.
Según la causa, Piedrahita Ceballos ingresó al mercado financiero argentino una millonaria suma de dinero que se sospecha “obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que llevó adelante desde -cuanto menos- la década de 1990".
De acuerdo a la Fiscalía, existe documentación que acredita que Juan Sebastián Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedrahita Ceballos como inversor de los proyectos que llevaba adelante Corvo Dolcet, quien reconoció a favor de madre e hijo una comisión del 4,5 % del total de la inversión realizada.
Barral considera que la viuda y el hijo de Escobar “efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales” de Piedrahita Ceballos y “estaban al tanto de la imperante necesidad de Corvo Dolcet de obtener inversores para financiar sus proyectos inmobiliarios”.
Respecto a Serna, su intervención resultó, según el juez, “indispensable para completar el circuito de lavado”, y “a partir de su esencial aporte”, Piedrahita logró el “ensombrecimiento de su capital” a través del intercambio de los bienes que poseía éste en Argentina.
La resolución establece que una de las tantas formas en que Piedrahita Ceballos inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que con anterioridad le había comprado a Serna, exjugador de la Selección Colombia y también de Boca Juniors.
