El proceso penal es por la supuesta comisión del hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Entre los imputados figuran un ciudadano italiano y una mujer, según los datos.
Según los antecedentes, los sindicados fueron sentenciados inicialmente por distintos juzgados de la Niñez y Adolescencia al pago mensual de determinados montos de dinero a favor de sus respectivos hijos menores.
Dichas sumas debían depositar en cuentas judiciales habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, al incumplir las disposiciones judiciales fueron denunciados ante el Ministerio Público.
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Luego, la agente fiscal Estela Ramírez reunió elementos de sospechas en contra de los mismos y presentó las diversas imputaciones.
Los nombres de los imputados y mayores detalles sobre los distintos procesos se omiten para salvaguardar a los menores de edad, víctimas del incumplimiento alimentario, en virtud a lo establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia.
