07 mar. 2026

Probolsonaristas investigarían el hackeo

31412483

Opositor. Filipe Barros, opositor a Lula, preside el CCAI.

Gentileza

Tras la crisis diplomática que se generó tras conocerse que el Gobierno brasileño autorizó una operación de hackeo contra los sistemas de Paraguay en busca de información confidencial relativa a las negociaciones tarifarias de la central hidroeléctrica de Itaipú, ahora la oposición pro-Bolsonaro se organiza para dominar el único organismo fuera de los órganos de control, capaces de fiscalizar las actividades del sector en Brasil. Se trata de la Comisión Conjunta de Control de las Actividades de Inteligencia (CCAI).

Según el medio Agencia Pública del Brasil, el sector opositor a Lula y pro-Bolsonaro trabaja para llenar al menos la mitad de los 12 escaños de la comisión, poniendo así presión al Gobierno en medio del caso de espionaje contra Paraguay. La nueva presidencia del CCAI ya ha anunciado que investigará lo ocurrido.

“Legalmente, la CCAI puede obtener información ‘en las áreas de inteligencia, contrainteligencia y salvaguardia de asuntos confidenciales’ del sector público brasileño. Si los organismos o sus responsables se niegan a facilitar información, la comisión puede acusarlos de ‘cometer un delito de responsabilidad’, lo que también implica tener poder político”, reza parte del artículo publicado por el citado medio de comunicación.

El movimiento para que la oposición tome el control del comité involucra principalmente a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara (CREDN). Tanto la CCAI como la CREDN están presididas por el diputado Filipe Barros (PL-PR), que es opositor al gobierno de Lula.

Más contenido de esta sección
El acuerdo SOFA (por sus siglas en inglés) fue aprobado por amplia mayoría en el Senado. El debate se centró en la constitucionalidad o no de permitir a tropas estadounidenses a tener inmunidad judicial durante su tarea en el país. Para los que abogaron por la aprobación, cualquier acuerdo requiere abdicación de “soberanía”. Los sectores contrarios a este proyecto alegan que se viola la Constitución y se renuncia de la soberanía.
El senador Éver Villalba (PLRA) cuestionó el uso de las máquinas de votación, así como el proceso de adjudicación, y anunció que presentará un proyecto para abrir el polémico “sobre 4”, con el fin de legitimar el resultado de las elecciones.
El senador Silvio Beto Ovelar (ANR-Honor Colorado) propuso despojar a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, de los recursos de Hambre Cero como castigo ejemplar tras las denuncias de que habría desviado los fondos para celebrar la lujosa fiesta de 15 años de su hija.
La senadora Celeste Amarilla dijo que la gobernadora de Concepción se jactó de “dinero malhabido” en la fiesta de 15 años de su hija. Por otro lado, pidió a Basilio Núñez que haga mea culpa en el caso que guarda relación con su colega Erico Galeano.
Más de 60 consultas contempla el pedido de interpelación al presidente y gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez y Derlis León, respectivamente. Esta iniciativa surge en medio de una crisis por la falta de insumos básicos y una alarmante ineficiencia en la atención médica.
Mientras un sector de la oposición rechaza el Acuerdo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos, el senador Eduardo Nakayama se muestra a favor, argumentando que se trata solo de una extensión de las normas vigentes y que no es una amenaza a la soberanía.