Al echar mirada a los reclamos vertidos en los medios por referentes de distintos sectores, tanto como ciudadanos indignados en las redes sociales, acerca de la terrible división de planos entre quienes tienen el privilegio de acceder a recursos de toda índole, frente a los necesitados de siempre y que están en la base de la pirámide social, le asalta a uno la seguridad de que ni siquiera el tiempo de pandemia transforma la mente de quienes se creen superiores.
En horas de economía de guerra, cuando la masa que produce y genera la mayor parte del producto interno bruto es obligada a restringir su accionar, debido a confinamientos y limitaciones para la circulación, cuando sobre todo las mipymes deben cargar con el peso de la ineficiencia estatal, segmentos del sector público siguen autoasignándose beneficios y pagos extras, como si viviéramos en Suiza.
De igual manera, una casta que se cree poderosa apela a la ventaja de su posición para saltar etapas y acceder a la inmunización que aún no le corresponde. Se dieron varios ejemplos, desde allegados a funcionarios departamentales, pasando por políticos y hasta una senadora.
Para no quedar cortas en su aporte a la inequidad reinante, las binacionales continúan –a pesar de las inmensas carencias en Salud de la población– alimentando a la élite colgada de la gallina de los huevos de oro con ingresos de primer mundo, amparados en cuestionadas normativas y en su condición de intocables e inalcanzables frente al escrutinio de la Contraloría General de la República.
Se unen al concierto de burlas frente al padecimiento de contagiados y familiares (no solo de coronavirus, sino de varias otras enfermedades que continúan dando flagelo) el Congreso Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay, con la exposición de casos ventilados en la prensa respecto de sobresueldos y pagos de “subsidio familiar”.
Toda esta maraña de acciones deshonestas, traducida en una doliente bofetada para las familias –que ven salir de manera diaria a sus integrantes a buscar riesgosamente el sustento, apiñados en los micros– desnudan aún más lo que naturalmente se instaló desde hace décadas en el país: La exclusión y las burbujas de privilegio, estas últimas benefactoras de la parentela y del amiguismo en el poder.
Desde la lógica del entendimiento, uno pensaría que las situaciones extremas deberían llevar a una más profunda reflexión sobre las prioridades del entorno, ya que con esta situación límite ni siquiera muchos de los privilegiados de siempre contarían con espacio para ocupar camas ni menos terapia intensiva en los hospitales, llegado el caso de contagio.
A no ser que la férrea consigna sea ya el “sálvese quien pueda” y que los privilegios no cesen, puesto que aún hay suficientes recursos a repartir, con un Estado anquilosado y que todavía puede distribuir dádivas a cambio de lealtades partidarias, para que continúe el statu quo.
Ciertamente, como nunca antes hay más ámbitos que levantan la voz e imprimen presión para el cambio anhelado en la distribución de recursos, y que se prioricen salud y educación, dos pilares fundamentales que ofrecen la estructura adecuada para el desarrollo. Pero, actualmente, ni uno ni otro sector están potenciados; tampoco se invierte lo que debería, con lo que el círculo vicioso lleva una vez más a la pobreza, no solo material.
Si intentamos profundizar en la problemática, coincidiremos en que se trata de un modelo de país y un Estado signado por la deriva, el carácter errático y las acciones concretadas a destiempo, cuando ya explotó la bomba, pero que igual debe pasar a cobrar el salario. Así se patentizó el devenir del sector público, representado –con honrosas excepciones– por funcionarios de mucha improvisación e ineficientes, pero que a la hora de ir al cajero a fin de mes disfrutan de las mieles que son vedadas a la gran mayoría de la población, duplicando el plano en lo que sempiternamente se conoce como “los de arriba y los de abajo”.
