Para la viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Trabajo, Carla Bacigalupo, con esto se completa la aplicación del sistema de justicia penal, un código que debe de regir para los condenados, ya que en el código penal solo se establecen las penas, mientras que en el código procesal penal se habla de los procesos de la causa y ahora se completa con el proceso que debe llevar la ejecución de la pena.
El código ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo y entrará en vigencia a partir del 1 de abril del 2015 y cuenta con 317 artículos distribuidos en cuatro libros.
Los puntos más importantes que contiene el cuerpo normativo regula los órganos de ejecución, el régimen penitenciario, la libertad condicional y las sanciones disciplinarias.
Sambukú. Uno de los puntos es que los condenados, antes de la libertad condicional, tendrán permisos de salidas transitorias de 48 a 72 horas, autorizadas por el juez, para afianzar vínculos familiares y sociales.
1Antes eran llamados presos sambukú. Ahora depende de que haya cumplido la mitad de la pena, no tener otras causas y su buena conducta, además debe tener un trabajo o estudio dentro de la cárcel.
Trabajo. Otro de los puntos en concreto es la regulación del trabajo remunerado en concepto de encierro.
Esta nueva ley introduce varias importantes figuras como el patronato de liberados, institución de asistencia a los egresados y liberados de un centro penitenciario o educativo, así como el organismo técnico-criminológico que tendrá a su cargo el estudio médico, psicológico y social del interno, entre otros.
En materia de menores, posiciona al Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai), dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de ejecución de las políticas públicas de atención integral a los adolescentes infractores.
La viceministra de Política Criminal, abogada Carla Bacigalupo, quien tendrá a su cargo la coordinación del plan de adecuación y aplicación del nuevo código al régimen penitenciario actual, indicó que la normativa constituye un paso importante hacía el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social de las personas privadas de libertad, y contribuirá a una sociedad con menores índices de violencia e inseguridad.
“Aquí lo que hay que resaltar es que la nueva ley apunta principalmente a la reinserción social”, explicó la funcionaria.