Como una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la calidad del gasto público, el Ministerio de Hacienda informó semanas atrás que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020 tendrá un nuevo rostro. Se irá ejecutando según los resultados.
Esto implica, básicamente, que se incorporarán unos indicadores que permitirán no solo al Fisco, sino a cualquier ciudadano, conocer de forma específica los resultados de cada institución en sus programas financiados a través de los impuestos u otro tipo de financiamiento. También, siempre según Hacienda, se podrá visualizar la programación de acciones concretas que deberán realizar las entidades para responder a las necesidades de la gente, estableciendo como prioridades los programas en salud, educación, seguridad, protección social y conectividad.
Cortar el chorro a los despilfarradores del dinero público es impostergable para el Estado. Si bien se está llevando adelante una reforma tributaria –el proyecto ya tiene media sanción del Senado– que pretende recaudar adicionalmente unos USD 300 millones, esos recursos no son suficientes para generar un cambio real en la población que redunde finalmente en una mejor calidad de vida.
En este contexto, es primordial corregir los procesos de contrataciones. Como está diseñado este sistema hoy, no hay barreras claras para evitar que el tráfico de influencias y los intereses personales perforen las licitaciones, y con ello, el desarrollo.
La impunidad reinante se convierte además en un agravante de toda esta situación. Mientras no exista castigo, evidentemente que los grupos bien formados de corrupción no se detendrán.
Otro componente muy importante dentro de este nuevo esquema que debe ser analizado son los procedimientos de contratación de personal. El gigantesco aparato estatal hace que, solamente los salarios, se lleven hoy 69 guaraníes de cada 100 guaraníes que recauda la Administración Tributaria por el cobro de impuestos.
Sin embargo, por ese enorme gasto los resultados dejan mucho que desear. La eficiencia de los programas estatales, con contadas excepciones, es históricamente baja, lo que hizo que nos quedemos muy rezagados con respecto a los demás países de la región no solo en educación y salud, sino también en infraestructura, seguridad social, inversión social y muchos otros aspectos más.
De acuerdo con los datos del Gobierno, en los próximos 10 a 15 años va a jubilarse aproximadamente el 40% del funcionariado. Esto da un tiempo demasiado razonable a los conductores del Estado para hacer las reformas necesarias, de tal modo que la incorporación de los nuevos funcionarios ya no responda a la vieja práctica de la prebenda política o al amiguismo, sino que responda a objetivos específicos en el mediano plazo y que los mismos puedan ser verificados con indicadores de bienestar de la población.
Para esto, es también muy importante que se revisen los mecanismos de incorporación de los funcionarios y, principalmente, que se apliquen esos mecanismos. En la actualidad, la Ley de la Función Pública ya obliga a las instituciones a realizar concursos para contrataciones y promociones, pero la clase política simplemente ha decidido ignorar esta normativa. Un claro ejemplo han sido los aumentazos que concedió el Congreso a unos 2.000 funcionarios, sin que los mismos hayan concursado para ello o demostrado resultados alentadores para merecer tal reajuste.
Lo más probable es que estos cambios no sean del agrado de varios administradores públicos, pero en tiempos de transparencia como los que se viven hoy, son pasos que ya no pueden evitarse. Limpiar del presupuesto público programas inútiles e ineficientes y reorientar los recursos hacia proyectos de impacto social son medidas imperiosas y, sobre todo, urgentes.