Editorial

Presupuesto General 2023 ante el desafío del año electoral

El Presupuesto 2023 presenta un gran desafío, por el contexto internacional y nuestras condiciones internas. La inflación continuará, aunque se espera que reduzca su ritmo; las demandas ciudadanas, los compromisos de la deuda, el financiamiento de las obras públicas y el prebendarismo en el año electoral generarán una fuerte presión que se sumará a un presupuesto ya problemático por la cantidad de recursos que podrían ser reasignados y el escaso espacio fiscal. Esperemos que prime la racionalidad, ya que el malestar ciudadano está creciendo.

La política fiscal es una de las más importantes para el bienestar de la población. Es la que finalmente garantiza el financiamiento de los bienes y servicios que permiten a las personas contar con pisos mínimos de calidad de vida, reducir las brechas y exclusiones, y efectivizar los derechos constitucionalmente establecidos. El presupuesto es el principal instrumento, ya que se integra con los gastos y las fuentes de recursos, incluyendo el endeudamiento.

Por el lado de los gastos, si bien Paraguay tiene un nivel relativamente reducido en comparación con otros países de la región y los países más desarrollados, hay espacio para reasignar recursos y ganar eficiencia. Esto es, particularmente, relevante para los casos de salud y obras, donde se observan flujos de recursos que deben ser evaluados a profundidad si son pertinentes y si ameritan su continuidad.

El sistema de salud requiere fondos para mantener las inversiones realizadas durante la pandemia y ampliar las coberturas, además de fortalecer la atención primaria.

La pandemia obligó a fortalecer los hospitales por la necesidad de atender a los enfermos por Covid-19, y no cabe duda de que el año 2023 será el momento de la prevención.

En cuanto a lo que sucede en el ámbito de las obras públicas, es necesario evaluar las obras ya realizadas y sus retornos sociales y económicos, así como las futuras a realizar. Después de una década de endeudamiento por la ampliación de la infraestructura vial, ya se debería haber tenido resultados, de manera que estas obras empiecen a contribuir con el pago de los compromisos de deuda que generaron.

La inflación continuará y, por lo tanto, también la precariedad en la vida cotidiana y el malestar social. La provisión de buenos servicios públicos será fundamental para mejorar no solo el ánimo, sino también la calidad de vida.

Ello exige recursos para garantizar acceso a protección social y educación, agua y saneamiento, electricidad, mejoras en las viviendas, todos pilares fundamentales del bienestar y para los que existen políticas públicas que deben ser fortalecidas y ampliadas.

En contraposición a la necesidad de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, nos encontramos frente a las restricciones del pago de una deuda que ya llegó a su límite y con las presiones derivadas de prácticas tradicionales clientelares.

Ante la incapacidad de una mayor recaudación tributaria, el pago de la deuda obligará a limitar los recursos que necesita la ciudadanía. Esta situación ya venía siendo advertida desde años atrás; sin embargo, no se oyeron los reclamos y los ciudadanos son quienes terminarán pagando la irresponsabilidad en el manejo de la deuda.

Por otro lado, ya empieza a observarse las demandas de grupos políticos, que aprovecharán la disputa por los votos para que políticos y autoridades económicas cedan ante sus pretensiones, desviando recursos que deberían ser destinados a toda la población. Esto se repite todos los años y se ha vuelto frecuente, particularmente, en las cercanías de las elecciones.

Frente a este escenario, la incertidumbre y pesimismo parecieran ser los sentimientos que prevalecen. No obstante, es posible todavía asumir que algún grado de responsabilidad existe y que a la par de poner a las necesidades de la población en el centro del Presupuesto 2023, se controlen el prebendarismo y clientelismo político. El Presupuesto 2023 presenta un gran desafío. Esperemos que prime la racionalidad política de políticos y autoridades, ya que el malestar ciudadano está creciendo.

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