De los G. 92 billones que contempla el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022, el 8% corresponde al sector educativo. Uno de los objetivos es ampliar la matriculación de niños y niñas en prejardín y jardín.
Sobre los planes para la educación inicial, el Ministerio de Hacienda explicó que la matriculación podría extenderse a 106.607 niños y niñas, que representan el 37,8% de los niños y niñas en edad de acceder al prejardín y jardín. Para el efecto se prevé la construcción de 47 nuevos espacios educativos, así como el equipamiento de 202 aulas.
Como el PGN apunta a una inclusión digital, unos G. 173.000 millones están dirigidos a la construcción de una red de internet que abarcará a 2.123 instituciones. Además busca distribuir en 794 instituciones 25.541 recursos tecnológicos.
En cuanto a inversiones en recursos humanos, está prevista avanzar con la implementación gradual del Salario Básico Profesional del plantel docente. Para el efecto se ejecutará un ajuste salarial del 8% para el sector, en tanto que las capacitaciones llegarán a 25.500 docentes, que representa el 34% del total.
La atención a la alimentación beneficiará a más de 100.000 estudiantes del área metropolitana de Asunción. Unos 56.980 alumnos recibirán almuerzo escolar, en tanto que 51.300 contarán con merienda. En los diferentes departamentos del país son las gobernaciones y municipalidades las encargadas de administrar y gestionar la provisión de alimentos en las escuelas y colegios de su jurisdicción.
Socialización del PGN. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, presentó ayer junto con el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, los principales lineamientos del Plan de Gastos ante la Comisión Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay.
Durante el encuentro virtual en el que estuvo presente también el titular del gremio, Ernesto Figueredo Coronel, Llamosas señaló que el PGN fue elaborado a partir de un escenario de recuperación económica luego de la crisis desatada a causa de la pandemia del Covid-19. Con los recursos, el Gobierno busca sostener el sistema de salud, los programas sociales y la inversión pública.
Sin embargo para hacer frente a las inversiones de salud y obras públicas, el Congreso Nacional debe aprobar además un déficit superior al Límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En ese sentido el pedido enviado a los legisladores consiste en que el tope de 1,5% pase a 3%, bajo el compromiso de retornar a mediano plazo a una senda de déficit fiscal sostenible.
