La Presidencia de la República planea gastar G. 536 millones en una licitación para la compra de equipos informáticos.
De acuerdo con el portal de Contrataciones Públicas, se inició el proceso para la adquisición de computadoras, notebooks, impresoras, escáner y teleprompter.
La fecha de entrega de ofertas está marcada para el 9 de noviembre, según los datos de la convocatoria abierta realizada por el Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
Según las especificaciones, se comprarán 20 computadoras Tipo II Intermedia en un promedio de G. 8.309.000 cada una. Demandará un valor total de G. 166.180.000. Además se adquirirán dos notebooks Tipo I Avanzada a G. 15.016.265.
El lote incluye cinco impresoras multifunción monocromática a G. 8.717.500. A esto se suman tres impresoras multifunción color (intermedia) a G. 8.482.204. Otras tres impresoras láser color a G. 5.113.398.
TELEPROMPTER. La licitación pública también prevé la compra de un teleprompter de estudio (proyecto de diapositiva) por la suma de G. 27.001.875.
Además de otros cinco escáneres de volumen medio por valor de G. 5.877.667.
Más otros cuatro escáneres de alto volumen por G. 24.023.750. Esto alcanzará alrededor de G. 96.095.000.
Finalmente incluye la compra de unidades de suministro de energía con sus respectivos repuestos y accesorios. En total fue presupuestado para 15 UPS de 12 kVA a G. 1.208.333 cada uno. Para este proceso licitatorio fueron invitadas cinco empresas que comercializan en el rubro informático.
Desde Contrataciones Públicas registraron alertas de impugnado totalmente sin suspensión.
Una de las consultas guarda relación con por qué la convocante no estima necesaria la evaluación de dicha capacidad técnica, atendiendo a la naturaleza y las características del proceso.
El pasado 15 de octubre hubo una protesta realizada por la firma Data Lab SA contra el pliego de bases y condiciones, realizada en el marco del procedimiento del concurso de ofertas para la adquisición de estos equipos informáticos.
Se recomendó a la Presidencia que como medida de prudencia administrativa suspenda la continuidad del procedimiento licitatorio o de la ejecución contractual en su caso, en atención a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Nº 2051/2003, que establece que como consecuencia de una protesta se podrá resolver la nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a la ley; o la nulidad total del procedimiento.
“Será exclusiva responsabilidad de la convocante la ejecución de un contrato, cuyos actos administrativos previos cuenten con impugnaciones sustanciadas”, advirtió.
536 millones es lo que la Presidencia planea gastar en la compra de equipos informáticos, según la licitación.
