Se trata del caso del argentino Arnaldo Javier Córdoba, quien tuvo un hijo con una paraguaya, quien trajo al niño a Paraguay, cuando tenía 2 años, de Argentina en 2006 y cuyo caso llegó a manos de la Justicia paraguaya.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra de Paraguay, el 7 de enero pasado.
El padre recurrió a instancias diplomáticas desde que perdió el paradero de su hijo y luego a la Justicia paraguaya. En el primer año de su búsqueda, la jueza Rosa Beatriz Yambay Giret ordenó la restitución internacional del niño a su padre. Fijó audiencias, pero la madre nunca se presentó.
Argentina presentó en el 2009 una denuncia contra Paraguay ante la CIDH por no garantizar el cumplimiento de la orden judicial de restitución del niño a su padre y reclamó que dé cumplimiento a dicha disposición.
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Recién nueve años después, en el 2015, el hijo y la madre fueron encontrados por las autoridades.
Posteriormente, se dictó medida cautelar de guarda en favor de una tía materna y se ordenó un régimen de relacionamiento progresivo entre el padre, el niño y la familia paterna, y el sometimiento del niño a un tratamiento sicológico. En el 2017 se decretó la permanencia del niño en Paraguay.
El hijo cumpliría la mayoría de edad este año y Arnaldo Javier Córdoba no dio tregua a su lucha en todos estos años. La BBC News, que se hizo eco del caso, publicó que la abuela paterna, Lilian Andrada, envió 750 cartas a la ex presidenta Cristina Kirchner, durante su gobierno, para recuperar a su nieto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado paraguayo es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, vida privada, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial.
No encontró evidencia de que se analizara su efecto sobre los derechos del padre, ni las razones por las cuales resultaba mejor para el hijo permanecer con una tía y no con su madre.
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Advirtió que la situación jurídica actual resulta preocupante, pues no hay una sentencia definitiva que sustente su guarda en un análisis integral del caso, ni medidas para establecer un régimen de relacionamiento efectivo con su padre, afectando su derecho a la identidad.
Recomendó al país reparar integralmente las vulneraciones declaradas, adoptar un plan urgente de relacionamiento entre el niño y su padre, con fechas y medidas específicas, acompañamiento especializado y recursos para los traslados.
Al igual que sugirió adoptar un protocolo de implementación de procedimiento de restitución internacional que resguarde los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a los estándares interamericanos.
En este sentido, instruyó capacitar en materia de sustracción internacional a las autoridades y demás profesionales competentes, para respetar y garantizar los derechos de los y las menores de edad, sus padres, madres y/o familiares.
