Sucesos

Preliminar para procesados por el caso de la Essap

 

La audiencia preliminar para los procesados por el caso del supuesto mal manejo de fondos de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), entre ellos, el ex presidente Omar Ludovico Sarubbi, inició ayer ante la jueza de Garantías, Cynthia Lovera. En el caso, se habla de unos G. 17.000 millones.

La audiencia se realizó en el salón auditorio del Palacio de Justicia, por lo que poco antes de las 11, tuvo que suspenderse por un acto de juramento de abogados que se iba a realizar ahí. La jueza declaró un cuarto intermedio, por lo que la diligencia sigue hoy desde las 08:45.

En la causa, la agente Victoria Acuña había solicitado el sobreseimiento definitivo para unos 35 procesados, por lo que la jueza le dio el trámite de oposición por lo que el caso fue remitido a la Fiscalía General, que a su vez solicitó el sobreseimiento provisional de los encausados.

En la audiencia, las defensas se allanaron al pedido de sobreseimiento definitivo presentado por la fiscala Acuña, mientras que algunas defensas solicitaron la nulidad del pedido de la fiscala Adjunta en la causa.

Es que, según el trámite procesal previsto en el artículo 358, del Código Procesal Penal, la fiscalía General debe ratificar, o en su caso, acusar a los procesados, como únicas opciones.

Sin embargo, en este caso, la Fiscalía Adjunta solicitó el sobreseimiento provisional, por lo que no ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo de la fiscala Acuña, ni tampoco acusó como dice la ley.

Con ello, en la audiencia de hoy, la magistrada de Garantías, le correrá traslado a la fiscala Acuña de los pedidos de nulidad que presentaron las defensas con relación a lo presentado por la Fiscalía Adjunta.

Entre los procesados en la causa se encuentran, además del ex titular de la entidad, el ex gerente administrativo, Ricardo Brítez; el ex gerente de Regiones del Interior, Óscar Basso; el ex coordinador general, Roberto Bogado, y el ex asesor de Sarubbi, Francisco Torres, entre otros.

La investigación fue a raíz de una auditoría que realizó el Ejecutivo. Supuestamente, Sarubbi había firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos en carácter de anticipo, cuyos montos superaban el límite para el efecto y pagados pese a no haber contraprestación.

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