La comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de elaborar un proyecto para reglamentar la pérdida de investidura mantuvo ayer su primera reunión con juristas invitados.
Estuvieron presentes, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude; la abogada María Victoria Rivas y el ex juez Jorge Bogarín, quienes realizaron un adelanto de sus opiniones particulares sobre el tema, destacándose la diferencia de posturas sobre el punto. Los profesionales escucharon las inquietudes que los legisladores tienen respecto al tema.
Lezcano Claude dijo que el proceso de pérdida de investidura se debe dar por ley, ya que entre las atribuciones del Congreso figura dictar leyes interpretando la Constitución Nacional y que por ello, interpretar un artículo de la Carta Magna mediante un reglamento interno es un error y que incluso debe ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral la encargada de decidir sobre el punto.
Sin embargo, Rivas señaló que la investidura es un bien público otorgado a un congresista por sus colegas y partiendo de esa premisa, deben ser sus pares, por mayoría simple, quienes despojen a un senador o diputado del mencionado bien.
El diputado liberal Rodrigo Blanco manifestó que se dio un paso importante y que los juristas adelantaron opiniones, pero todavía no muy maduras en el sentido que fueron a interiorizarse primero de cuales son las dudas que tiene la comisión respecto al artículo 201 de la Constitución.
Mencionó que para el martes ya se tendrá un debate más profundo del tema.
De esta manera, la fecha inicial, 3 de octubre, para tener terminado el documento está lejos de concretarse y el tiempo para tratar la pérdida de investidura de Carlos Portillo se extiende.
DEBATE. La encuentrista Kattya González recordó que su sector no conforma la comisión, pero que asistieron por invitación del titular de la misma, el liberal Pastor Vera.
Indicó que si se ausentan de la discusión en la comisión lo que van a hacer es posibilitar “que se apruebe lo que ellos quieren que salga. Es mucho más difícil estar acá que fingir demencia”, remarcó.
Sostuvo que la mayoría de sus colegas buscan burocratizar el tráfico de influencias fehacientemente comprobado vinculándolo a un hecho punible, cuando para la Constitución del 92 ni siquiera era hecho punible. “A mí me parece que es desacertado. A pesar de las aplanadoras hay personas que intentamos hacer un debate serio”, aseveró.
La legisladora comentó que realizaron varias preguntas a los juristas que los mismos deberán responder en la siguiente reunión.
Citó que las interrogantes giraron en torno a que si debe ser por ley o por reglamento interno, si quién debe juzgar, la mayoría requerida, si se necesita sentencia judicial o es un juicio político y si el tráfico de influencias fehacientemente comprobado depende o no de una sentencia judicial.