Las jóvenes bajo patrocinio de la abogada Lorena Segovia, atacaron de inconstitucional las resoluciones 881, del 16 de octubre del 2024; 40 del 16 de enero del 2024, ambas de la Comandancia de la Policía; y 21 del 17 de enero del 2025, de la Comisión de Admisión del Colegio de Policía y las resoluciones dictadas por el director del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL).
Las accionantes son afectadas por las citadas resoluciones que establecieron la nómina de ingresantes aplicando cupos máximos diferenciados por sexo, limitando al 15 por ciento de mujeres, lo que les privó el acceso a la institución policial.
Esto, alegan, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios, lo que fue ratificado por el ISEPOL, cuando rechazó los recursos de reconsideración planteados.
PROCESO. Según señalan, para el proceso de admisión postularon 9.081 varones y 6.448 mujeres. De ellos, 3.414 mujeres y 2.885 hombres alcanzaron el rendimiento mínimo de 40 puntos sobre el puntaje total de 80.
Ante esto, la Comisión de Admisión, ante el bajo rendimiento, bajó el puntaje mínimo de ingreso a 35 puntos, para llenar los cupos masculinos, según dicen las accionantes.
Con la decisión de bajar la escala mínima, 4.370 mujeres alcanzaron el puntaje mínimo y 4.319 varones. Después, con la Resolución 40, se modificó la cantidad de cupos sexados, con lo que ingresaron 4.139 hombres y 841 mujeres, y 20 cupos reservados para miembros de pueblos originarios.
Según los accionantes, se violan los artículos 46,47, 48, 88, 89 y 101 de la Constitución, que hablan de la igualdad, de las garantías de igualdad, de la igualdad entre hombres y mujeres; de la no discriminación, del trabajo de mujeres, y de los funcionarios y empleados públicos.
Asimismo, los artículos 127, 137 y 257, del cumplimiento de la ley, de la supremacía y sobre la obligación de colaborar con la Justicia.
Citan también el Pacto de San José, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros.
Además, pide la suspensión de los efectos de las resoluciones mientras se sustancia la acción. Solicita declarar nulos e inaplicables las disposiciones atacadas, de modo a que puedan acceder al Colegio de Policía.
