11 abr. 2026

Postergan juicio contra ex comandante Alvarenga y esposa hasta abril del 2022

El juicio contra el ex comandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga y su esposa por enriquecimiento ilícito fue postergado hasta abril del 2022, debido a una operación a la que debe someterse la mujer y además el tribunal que los debe juzgar tiene otro juicio.

Francisco Alvarenga

Francisco Alvarenga fue comandante de la Policía Nacional.

Foto: Archivo ÚH.

El Tribunal de Sentencia decidió postergar hasta el 4 de abril del año 2022 el juicio por enriquecimiento ilícito contra el ex comandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga, y su esposa, Mirta Rotela, quien está enferma y debe someterse a una operación, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Otro de los inconvenientes es que el juicio estaba marcado para este miércoles y coincide con el del empresario Ramón González Daher, el cual también juzga el mismo Tribunal de Sentencia.

La imputación contra el ex comandante guarda relación a la adquisición de cuatro inmuebles en el 2014, cuando se desempeñaba como máxima autoridad policial. La acusación sostiene que la compra de los bienes no condice con lo percibido por el ex titular de la Policía Nacional y la causa tiene más de cinco años de haber empezado.

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Por el caso también fue acusada su esposa, quien tampoco pudo justificar con sus ingresos la compra de inmuebles. El hijo de la pareja había sido proceso por supuesto lavado de dinero.

El caso se desprende de la investigación por el desvío de combustible en la Policía Nacional, en cuya causa fue condenado a cuatro años de cárcel el ex comandante.

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Sin embargo, los fiscales tuvieron que abrir un proceso aparte, ya que la Cámara de Apelación había delimitado el campo de la imputación hasta junio de aquel año.

En el caso de los vales de combustibles, el pasado 8 de octubre la condena fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El ex comandante recibió cuatro años de pena y el suboficial mayor Roberto Osorio recibió ocho años de condena por el desvío de unos G. 1.200 millones de la Policía Nacional, dentro de un convenio firmado con Petróleos Paraguayos.

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